Presión para nombrar más jueces supremos
En el ámbito institucional, el contexto es complejo ya que la Corte tiene hoy cuatro miembros, tras la renuncia del juez Raúl Zaffaroni y las muertes de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi.
Lejos de intentar calmar las aguas, el Gobierno renueva su embestida contra la Corte Suprema de Justicia.
La estrategia comienza por acorralar al vocal Carlos Fayt y también al propio presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Lorenzetti. La ofensiva es clara.
¿Qué hay detrás de la decisión de usar la Cámara de Diputados, que tiene la facultad constitucional de iniciar los procesos de juicio político, como herramienta de presión contra la Corte Suprema de Justicia? La respuesta salta a simple vista: obligar a la oposición a discutir una reforma judicial integral, que incluya la ampliación de la cantidad de integrantes del máximo tribunal. Se trataría de una ley que necesita mayoría simple y que el Frente para la Victoria podría conseguir sin esfuerzos.Pero, también, posibilitar –inmediatamente después– el nombramiento de nuevos jueces antes de que Cristina Fernández deje el poder el 10 de diciembre. Misión para la cual el oficialismo necesita sí o sí de la oposición, ya que la Constitución exige el acuerdo de dos tercios del Senado.El contexto es complejo institucionalmente, ya que la Corte tiene hoy cuatro miembros, tras la renuncia de Raúl Zaffaroni y las muertes de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi.A ello se suman algunos condimentos políticos, como la resistencia de toda la oposición a aceptar que la Presidenta designe a un nuevo miembro, lo cual llevó al oficialismo a archivar hace pocas semanas hasta nuevo aviso el pliego de Roberto Carlés.Por supuesto, también se cuela en toda esta historia el proceso electoral en curso, donde impedir la "colonización" de la Justicia por parte del kirchnerismo es una de las banderas de los líderes opositores.
