Para Griesa, los “fondos buitre” tienen derecho a conocer detalles de la colocación de deuda
Ocurre luego de que el Gobierno anunciara la colocación de Bonar 24 a un valor tres veces superior al estipulado.
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, consideró hoy que los holdouts tienen derecho a conocer los términos de la colocación de BONAR 24 que realizó la Argentina.
Según reportes de agencias internacionales, Griesa se expidió durante una audiencia que fue pedida por el fondo NML para solicitarle al magistrado que les conceda la potestad de reclamar información.
Griesa indció que "es legítimo" que los acreedores procuren buscar datos sobre la forma en que se estructuró la operación pero no dictó órdenes hacia las entidades financieras presuntamente involucradas.
Los holdouts buscarán establecer que hubo inversores del exterior que compraron Bonar 24, lo que convertiría a los títulos en "deuda externa" y podrían ser alcanzados por la cláusula "pari passu" que los favoreció.
Esta intención quedó expuesta en la argumentación ante Griesa del abogado del fondo NML, Robert Cohen.
Por su parte, Jonathan Blackman, letrado patrocinante de la Argentina, refutó esta postura al sostener que los Bonar 24 en dólares con legislación argentina son deuda doméstica, de modo que quedarían fuera del alcance de Griesa.
Griesa mantienen bloqueados los pagos de deuda reestructurada y uno de los puntos en discusión es qué porción de deuda es externa y qué es doméstica, ya que el juez sólo tendría potestad para actuar sobre lo que es considerado deuda externa.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que las amenazas que habían realizado los holdouts en momentos en que se realizaba la subasta tenían como objetivo "extorsionar" a la Argentina.
En tanto, en declaraciones radiales desde Rusia y distribuidas por el Palacio de Hacienda, el funcionario aseguró hoy que con "se derribó el mito de que Argentina tenía cerrado el acceso a los mercados de crédito".
Asimismo, cuestionó a la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody\'s por haber bajado la calificación de los bonos con legislación argentina emitidos en el país.
