Para el Cels, la emergencia en seguridad es una “pena de muerte encubierta”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) calificó hoy como "inconstitucional" el decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional por entender que constituye "una pena de muerte sumaria encubierta" y advirtió que "ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales".

Asimismo, la organización apuntó que la decisión del Gobierno "produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior".

"El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad", transmitió el Cels en un comunicado.

La organización protestó porque "para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta".

Para el CELS, "sobran pruebas" de que este plan de emergencia solo sirve "para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos".

Además, la ONG cuestiona que "se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional".

"Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo", señalaron en el documento.

Este accionar, según el Cels, es "inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional".

"Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia", insistió. El Cels también protestó porque la emergencia "no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención".