Nueva indagatoria para el recaudador

Buenos Aires. Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación y uno de los principales responsables de la recaudación de la campaña presidencial kirchnerista de 2007, fue citado nuevamente a indagatoria en la causa por la mafia de los medicamentos para que declare sobre presuntas irregularidades en la entrega de 48 millones de pesos a 42 obras sociales. La citación fue dispuesta por el juez Norberto Oyarbide para el 22 diciembre, fecha para la que también fue citado como acusado el ex gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia, el abogado Horacio Ballesteros, se informó ayer en Tribunales.En la causa se investiga a Capaccioli por el otorgamiento presuntamente irregular de 48 millones de pesos a 42 obras sociales, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).En tanto, Ballesteros deberá declarar porque a su cargo estaba dar el aval para la asignación de los fondos.La nueva citación se desprendería de la presentación por escrito que ayer hizo ante el juez el abogado Juan Rinaldi –sucesor de Cappacioli en la Superintendencia y antes titular de la Administración de Programas Especiales (APE)–, quien debe declarar el próximo martes.En el escrito Rinaldi sostuvo que dejó sin efecto una segunda etapa de pagos que había iniciado Capaccioli porque entendió que la Superintendencia "como ente de supervisión, fiscalización y control de los Agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud no es el organismo encargado de subsidiar".Rinaldi –revelaron fuentes del caso– agregó que su decisión "provocó airadas críticas de diversos sectores del gremialismo y no pocas molestias al suscripto".Capaccioli ya declaró el 5 de septiembre como acusado ante Oyarbide por presunto lavado de dinero al frente de la recaudación de la campaña presidencial de Cristina Fernández y Julio Cobos y por supuesto fraude al Estado a través de la APE.El ex funcionario negó los cargos y sostuvo que los aportes de la campaña fueron "conforme a la ley" y "bancarizados" y que todos fueron depositados en la cuenta oficial de la campaña con la emisión "las órdenes de pago correspondientes". Empresas farmacéuticas sospechadas de falsificación de medicamentos fueron aportantes de la campaña presidencial, entre ellas la droguería "San Javier", cuyo titular, Néstor Lorenzo, está detenido y procesado.