Nisman, un crimen de Estado
Es un poder que por primera vez se siente amenazado por la ley y la justicia. No hay ningún dolor, ningún luto y ningún pesar.
Sea un homicidio o se trate de un suicidio, es igual un crimen de Estado y la verdad se debe buscar en las autorías mediatas y en los contextos históricos así como se trabaja en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Las preguntas son la clave, y ellas son tres. ¿Homicidio o suicidio? ¿Motivaciones de la muerte? ¿Relación entre la muerte de Nisman y la denuncia en contra de la Presidenta por encubrimiento de un crimen trasnacional de terrorismo?Ellas marcan la dirección del análisis policial, político y social y no las falsas pistas que pretende imponer el poder. Los hechos son fríos y claros. Nisman era el fiscal que investigaba desde hace ocho años el peor atentado terrorista que sufrió la Argentina. Era el fiscal que decidió denunciar cuatro días antes de su muerte a la Presidenta de la Nación por encubrimiento del delito de terrorismo. Era el fiscal federal que debía concurrir el día anterior a su muerte a la Comisión de Legislación Penal para informar sobre pruebas de su denuncia.El discurso oficial busca cambiar las preguntas para desviar la ruta de la verdad.Se insiste en preguntas como cuáles fueron las razones del regreso anticipado del fiscal de sus vacaciones y cuáles las razones de la entrega del arma al fiscal por su amigo. Cuál su estabilidad emocional. Se llega a la inmoralidad de descalificar a la periodista que informó sobre las órdenes de la Presidenta al canciller para no asistir a la marcha de París, por haber sido esposa de un funcionario menemista y veranear en Punta del Este.La conducta del Gobierno frente al Caso Nisman no va a cambiar con su muerte. Ella está dicha con aquello de que "vamos a ir con los tapones de punta". Es un poder que por primera vez se siente amenazado por la Ley y la Justicia. No hay ningún dolor, ningún luto y ningún pesar. Aparecen y aparecerán las conocidas descalificaciones ad hominem revestidas de derechos humanos.La muerte del fiscal es para el Gobierno una muerte por vergüenza, por haber denunciado falsamente a la Presidenta en una conjura internacional.Este crimen de Estado nos debe servir de algo. Los liderazgos mesiánicos no le sirven a la sociedad porque son prepotentes e intolerantes y carecen de eficacia en la gestión pública. Mentira, impunidad y alta corrupción. La seguridad ciudadana como derecho humano se garantiza con condenas ejemplares para delitos del poder. Esta es una oportunidad histórica para que la Justicia argentina pague sus deudas con la sociedad aplicando la ley e interpretando los hechos con imparcialidad y realismo y sin los tradicionales ritualismos con los que se juzga al poder y se consagran impunidades.La Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional se trata de una norma que en la Argentina tiene rango supralegal y que en este caso obliga al Estado argentino a encuadrar la muerte del fiscal –sea suicidio o asesinato– como un hecho integrativo de un crimen transnacional organizado y a investigar al grupo delictivo organizado –que es el que anticipa la denuncia de Nisman– y también a las conexidades entre los delitos de terrorismo, corrupción y lavado; a dar protección a los testigos, a designar un fiscal insospechado y a declarar la nulidad del inconstitucional acuerdo de impunidad firmado con Irán.
*Exdiputadonacional

