La Provincia y los gremios negocian las brechas salariales por categoría

El Gobierno provincial viene avanzando con el nuevo esquema de coeficientes salariales, una escala que establece la diferencia que debe existir entre los sueldos básicos de cada categoría de la administración pública. Lo curioso es que la medida, que provocaría un leve incremento en la masa salarial, podría regir recién desde noviembre de 2015. Es decir, se negocia ahora, pero el mayor impacto lo sentirá la próxima gestión.La tabla actual muestra una especie de pirámide salarial achatada entre los empleados de la denominada planta operativa, cuya representación la ejerce el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).En un comunicado titulado "Más hechos, menos palabras", del 9 de mayo pasado, ese gremio comunicó a sus asociados que el plenario de delegados había aprobado lo actuado por la comisión directiva, tras el estado de alerta por diversos incumplimientos del Ejecutivo.Entre esos puntos, señala que "se firmó con el Gobierno el acta que pone en vigencia" los coeficientes del escalafón general. Pero en la Provincia negaron firma alguna. "Las negociaciones se están desarrollando. Hay conversaciones con el SEP y con UPS, pero no hay nada cerrado ni firmado", aclararon voceros oficiales.Sin embargo, el entendimiento que el Ejecutivo encontró en el sindicato que lidera el legislador oficialista José Pihen no se replicó en la Unión del Personal Superior (UPS).El gremio de los empleados jerárquicos, que encabeza Domingo Ovando, ya anticipó su rechazo a la escala que elaboraron técnicos del Ministerio de Gestión Pública."Estamos dialogando, no hay nada cerrado. Pero no estamos de acuerdo con la propuesta, porque no respeta los actuales valores porcentuales que se aplican. Y otra cuestión es la fecha, que recién arranca a fines de 2015", sostuvo Ovando. El esquema A fines de 1996, con la ley 8.575, el exgobernador Ramón Mestre reorganizó el sector público, lo que en la práctica implicó la suspensión del escalafón para el personal administrativo, que recuperó esas condiciones con la ley 9.361 de 2007. Esta última señala en el artículo 29 que el Ejecutivo debe establecer "el sueldo básico de la categoría 1 y el Sistema de Coeficientes para determinar los básicos de las categorías 2 a 17 inclusive". Esa obligación, que había quedado en promesas, se retoma ahora, casi en simultáneo con el regreso de la carrera administrativa.El básico de la categoría inicial es 3.928 pesos (datos de mayo). La diferencia de ese parámetro con el de la categoría siguiente es sólo 0,03 por ciento.Los saltos más altos se dan entre en las categorías 6, 7 y 9 (cobran un básico cinco por ciento superior al de la posición anterior) y la 11, con un básico 10 por ciento superior a la categoría 10.La idea del Gobierno sería aplicar, desde noviembre de 2015, una especie de estandarización que ubica en cuatro por ciento las diferencias entre todas las categorías.Esa escala sube un punto en los años siguientes para culminar el proceso en 2018, con coeficientes de siete por ciento entre cada rango. Rechazo En UPS no cayó simpática la nueva escala, porque achatan las actuales diferencias. En la actualidad, el salto de la categoría 11 a la 12 implica cobrar casi 40 por ciento en el básico. Después, la brecha en las categorías del personal jerárquico varía entre 15 y 20 por ciento.El Ejecutivo diseñó un esquema que, en rigor, reduce las diferencias. Su propuesta es que la categoría 12, en lugar de saltar 39,4 por ciento, lo haga en 27,5 por ciento. Pero en los años siguientes la brecha sigue cayendo. Frente a la resistencia de UPS, la Provincia elaboró una alternativa para igualar la diferencia del básico entre la última categoría operativa y la primera jerárquica en 25 por ciento entre 2015 y 2018.Y replica la misma modalidad para el resto de las posiciones (13 a 17), con márgenes de entre 15 y 25 por ciento, aunque igual hay un achique de cinco puntos en las categorías más altas. En este punto, el objetivo sería evitar que los jerárquicos de las categorías más altas cobren sueldos superiores a los de sus jefes políticos.

La Unión del Personal Superior cree que el esquema propuesto por el Ejecutivo apunta a mejorar las diferencias salariales de las categorías más bajas, pero a costa de achicar las brechas en las posiciones del personal jerárquico provincial.