Gobierno ratificó la denuncia contra exjefes de Gendarmería por liquidación de sueldos

El Gobierno Nacional ratificó la denuncia penal contra los exjefes de Gendarmería Nacional por irregularidades en la liquidación de sueldos a través de medidas cautelares que buscaban solucionar reclamos salariales.

Según pudo saber DyN, funcionaros del Ministerio de Seguridad ratificaron la denuncia que se había presentado la semana pasada y aportaron documentación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Ahora se espera que el fiscal Guillermo Marijuán dictamine por si impulsa la investigación contra los once integrantes de Gendarmería que fueron denunciados, entre ellos el ex director de la fuerza Héctor Schenone y el ex subdirector Juan Sainz, quienes fueron separados de los cargos por la ministra de seguridad, Nilda Garré.

También fueron denunciados cinco integrantes del Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y cuatro jefes del área jurídica de la fuerza.

Conflicto. La denuncia del Gobierno tiene directa relación con el conflicto que se había abierto los primeros días del mes, cuando suboficiales de Gendarmería y Prefectura decidieron concentrarse en las puertas de sus respectivas dependencias centrales para protestar por recortes salariales en el marco de la aplicación de un decreto.

Precisamente, se explicó, ese decreto buscaba frenar las disparidades salariales que habían nacido a la luz de las medidas cautelares.

En ese marco, el Gobierno pidió en la Justicia que sean investigados un grupo de autoridades de la Gendarmería por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, de tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario públicos.

No hubo acusaciones penales para los responsables de la Prefectura que también fueron relevados en el marco de la protesta.

Según consta en la denuncia que ahora deberá investigar el juez Martínez Di Giorgi, el Ministerio de Seguridad detectó que en la Gendarmería se fraguaban medidas cautelares judiciales para engrosar los sueldos de los jefes de la fuerza.

Se señaló que esas situaciones llevaron a incrementos de hasta un 800 por ciento entre 2005 y 2009 y permitió que comandantes generales cobraran salarios brutos de 90 mil pesos.

"La operatoria, básicamente se iniciaba con la presentación por cuestiones salariales de acciones de amparo por un colectivo amplísimo de gendarmes que residían en distintos puntos del país. Una vez concedida la cautelar el juez que la resuelve se declara incompetente. Con años de demoras hasta que se resolviese la competencia, las cautelares son raudamente liquidadas", denunció el Ministerio.

Para eso, sostiene la denuncia, se realizó una "interpretación abusiva" de fallos de la Corte Suprema para que así se "beneficie lo más posible a los peticionantes, ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal".