Gils Carbó, imputada por sus designaciones

Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó supuestos nombramientos irregulares de fiscales a quien es su superior en el Ministerio Público, la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lo hizo al impulsar una investigación por presuntos "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público". Así lo revelaron ayer fuentes judiciales, quienes agregaron que Marijuan dio impulso a la investigación en la causa iniciada por la denuncia que radicó el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y designaciones.La denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento, sin llamado a concurso, al secretario y ex abogado en causas de derechos humanos Carlos Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).Su nombre cobró notoriedad días atrás, cuando se supo que Gonella no incluyó al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el pedido de informes que hizo a la Bolsa de Comercio sobre los supuestos blanqueo y fuga de capitales que destapó el programa "Periodismo Para Todos".Ahora el fiscal Marijuan pidió tres medidas de prueba, entre ellas "obtener expedientes administrativos que dieran origen a cada una de las resoluciones de la Procuración General de la Nación" en relación a la creación de nuevas fiscalías especiales.Y solicitó también que se "obtenga un soporte magnético que contenga la copia de la totalidad de las presentaciones efectuadas por Procelac", así como por la "Procunar" (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó ubicó a Félix Crous, ex fiscal en juicios por derechos humanos, y que serían unas 35 en total.También requirió que la Procuración General presente copia certificada de los legajos personales de cada persona designada como fiscal subrogante o ˜ad hoc˜.Marijuan impulsó la denuncia "a fin de posibilitar la actividad investigativa de la presente causa" y sostuvo que debe tramitarse por los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público", según el dictamen.Las medidas de prueba solicitadas por Marijuan ahora deben ser resueltas por el juez federal Sebastián Casanello. Se trata del mismo juez y fiscal que investigan la causa de lavado de dinero que se inició tras el programa de Canal 13 en la que fueron imputados el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.Este fiscal es el que obtuvo la primera condena a una ex funcionaria kirchnerista, la ex ministra de Economía Felisa Miceli, penada a cuatro años de cárcel por el escándalo del hallazgo de una bolsa con 100 mil pesos y más de 30 mil euros en el baño de su oficina.Gils Carbó, con más de 20 años de carrera en el ámbito judicial, es, junto con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, una de las máximas referentes de "Justicia Legítima", una coalición de jueces, fiscales y funcionarios que adhieren al Gobierno de Cristina Fernández.Gils Carbó fue designada jefa de los fiscales luego de que fracasó el intento oficial por colocar en ese puesto al síndico General de la Nación, Daniel Reposo. Antes fue fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Críticas de la Academia Nacional de Derecho

Advertencia. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales advirtió que la "politización" del Consejo de la Magistratura "lesiona la división de poderes y es una de las mayores amenazas a la independencia judicial", además de atentar contra "la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia de los jueces, pilares del Estado de derecho".

Cautelares. La entidad que preside Gregorio Badeni expresó también su "total discrepancia" con la ley que modifica el régimen de medidas cautelares contra el Estado, y "lamentó" la creación de tres cámaras de Casación, al considerar que "lejos de significar un beneficio, prolongará los procesos".

Zaffaroni y la Corte

Propuesta. En medio de la polémica por la reforma judicial, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni –el más cercano al kirchnerismo– propuso ayer aumentar la cantidad de miembros del máximo tribunal de 7 a 19 integrantes, con el objetivo, según dijo, de acelerar la resolución de los procesos judiciales.

Cuatro salas. Según Zaffaroni, el máximo tribunal podría dividirse en cuatro salas especializadas –penal; laboral y previsional; contencioso administrativo y civil– para descomprimir el trabajo que tiene la Corte. Ampliar la Corte fue la vía utilizada por el expresidente Carlos Menem en busca de un tribunal adepto.

Más información