Gils Carbó: Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, replicó hoy en duros términos a la Corte Suprema al advertir que "no es cierto" que el máximo tribunal "no pueda tomar decisiones sobre el nivel salarial" de los fiscales y sostuvo que "cuando se trata de plata, no es la primera vez" que ese cuerpo "no respeta la Constitución".

"Es preocupante si un tribunal desconoce las leyes por motivos que le son particulares, porque lo que se está diciendo es que paguemos nosotros mientras ellos no pagan", lanzó la procuradora, quien esta semana pidió "trabajar en conjunto" para que jueces y fiscales comiencen a abonar el Impuesto a las Ganancias.

Gils Carbó consideró "sorprendente" que la Corte, en respuesta a ese requerimiento suyo, haya asegurado que no hay ningún impedimento para que fiscales y defensores oficiales paguen Ganancias y que, inclusive, ya deberían estar haciéndolo, y analizó que el alto tribunal "sin duda" está actuando bajo "presión" de algunos de sus miembros.

En línea con la embestida del kirchnerismo contra el cuerpo

que preside Ricardo Lorenzetti, Gils Carbó alertó por radio Del Plata: "Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución".

La polémica se desató luego de que la Procuración General de la Nación -a través del subdirector de Administración, Jorge Domanico- propuso a la Corte "trabajar de forma conjunta en la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias" por parte de jueces y representantes del Ministerio Público.

La respuesta del alto tribunal no se hizo esperar y por intermedio de la subdirectora de Administración, Karina Ramos, replicó: "Entendemos que desde el año 1994 no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del Impuesto a las Ganancias sino que es su obligación hacerlo".

Esta mañana, Gils Carbó puntualizó que "lo que nosotros pedíamos era sentarnos a la mesa de discusión que ellos anunciaban que estaban teniendo para que los magistrados, funcionarios y empleados paguen Ganancias. Y no es cierto la respuesta que firma una contadora, no la Corte, sobre que la Corte no puede tomar decisiones sobre nuestro nivel salarial".

"De hecho sí las toma, porque cada aumento que da la Corte, se aplica automáticamente dado que la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 12, dice que deben ser equivalentes los salarios de jueces, fiscales y defensores y, en el último párrafo, aclara que esa equivalencia se extiende al régimen tributario y previsional", aseveró.

La procuradora añadió: "Por lo tanto, yo no puedo descontar Ganancias a los fiscales porque la ley me lo impide y esto me llama la atención de la nota porque un supremo tribunal no puede ignorar esto".

"A mí me preocupa cuando escucho hablar al presidente (de la Corte): ˜somos un poder del Estado˜. El poder Judicial es un poder del Estado subordinado a la Constitución y a la ley.

Y si nos apartamos de la ley, se está ejerciendo con discrecionalidad", prosiguió.

Cuestionamientos. Gils Carbó insistió en cuestionar la postura del máximo tribunal de "decir que el Ministerio Público Fiscal puede deducir el Impuesto a las Ganancias a sus integrantes" cuando "hay un impedimento legal".

Seguidamente, se refirió a la reglamentación que establece que "los fondos debe administrarlos el Consejo de la Magistratura".

"Porque el Consejo de la Magistratura, a pesar de que sostengo que está cooptado por la corporación judicial y que hay que modificarlo para que funcione porque no está funcionando, está representado por distintos estamentos y es mucho más garantía para la ciudadanía el manejo de los fondos. Y sin embargo, ese artículo no se cumple", denunció.

Finalmente, al criticar ciertas "prácticas abusivas", defendió el proyecto vinculado a la "democratización de la Justicia" impulsado por la presidenta Cristina Fernández.

"Todo ese funcionamiento corporativo se maneja desde afuera, desde quien tiene los hilos de la manipulación para poder servirse de la Justicia para legitimizar prácticas abusivas, legitimar grandes inequidades y, lógicamente, cuando uno toca algo que interesa corporaciones, se resisten con todas sus fuerzas", deploró.