Fiscal pide reabrir causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra funcionario que llamó a Oyarbide

El fiscal federal Patricio Evers pidió hoy la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, el funcionario que llamó al juez federal Norberto Oyarbide para que levantara un allanamiento.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el planteo del fiscal fue hecho ante Oyarbide, a quien además le pidió que se aparte de la causa "por una cuestión de decoro" por su presunta relación con Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría de Legal y Técnica.

Oyarbide reveló que el 19 de diciembre pasado frenó un allanamiento a la mutual Propyme luego de recibir un llamado de Liuzzi, quien le advirtió de presuntas irregularidades en el procedimiento.

Liuzzi fue denunciado en 2012 por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública pero el fiscal Evers solo pidió investigarlo por el segundo de los delitos, porque la Oficina Anticorrupción sostuvo que no había irregularidades en sus declaraciones juradas.

Ahora Evers le pidió al juez "el desarchivo del mencionado expediente a los fines de que se reanude la investigación en relación al presunto incremento patrimonial injustificado de Carlos Emilio Liuzzi", indicaron las fuentes.

Ocurre que citó una nota del diario Clarín que da cuenta de un aumento patrimonial del funcionario, por lo que consideró que "resultaría oportuno desarchivar el expediente y reactualizar el análisis de los sucesos allí investigados a la luz de estos nuevos elementos".

Liuzzi había sido denunciado por un incremento de su patrimonio en 38 veces desde que llegó al Gobierno en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner como Presidente y Zannini en la Secretaría Legal y Técnica.

El fiscal sugirió que se intime a Liuzzi a que justifique sus bienes, ya que en su momento Oyarbide no lo hizo porque el funcionario solo terminó siendo investigado por negociaciones incompatibles.

Evers también le pidió a Oyarbide que "atento a las particularidades que reviste el presente y que han tomado estado público en las últimas horas, entiendo que V.S., por una cuestión de decoro, debería examinar la posibilidad de apartarse del trámite de la causa".

Oyarbide está siendo investigando penalmente porque el dueño de Propyme, Guillermo Greppi, denunció que dos oficiales de la DIFOC de la Policía Federal, César Ceballos y Fabio Ascona, que hacían el allanamiento, le pidieron dinero en nombre del juez para concluir el allanamiento.

Ceballos y Ascona, a través de su abogada, Valeria Corbacho, presentaron hoy un escrito en el que señalaron que la denuncia del pedido de coima tenía por objeto frustrar el allanamiento y presentó fotos de las cámaras de seguridad que muestran a un empleado de la mutual llevándose carpetas de la empresa, las que fueron recuperadas por los policías.

Greppi reconoció que llamó a Liuzzi para denunciar lo que estaba ocurriendo y éste se comunicó con Oyarbide, según declaró el propio juez ante la Cámara Federal en un sumario administrativo que se inició.

En tanto, Oyarbide recibió cuatro denuncias por esta causa en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el jueves a las 10 está citada la Comisión de Disciplina y Acusación para analizar el tema.