Fiscal General Lozada subrayó que Sosa y Nieto son los jefes del "narcoescándalo"

Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo la audiencia de apelación a los sobreseimientos y procesamientos dictados en el marco de la causa conocida como "narcoescándalo", que tiene procesados a ocho policías (tres de ellos detenidos) de Lucha Contra el Narcotráfico, además de un civil.

El trámite judicial se desarrolló en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el Ignacio María Vélez Funes e integrada por los jueces José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano.

A principios de febrero, el juez federal Ricardo Bustos Fierro procesó a los exjefes de Lucha Contra el Narcotráfico, Rafael Sosa y Mario Nieto, por "asociación ilícita" y otros delitos. en el mismo fallo, desechó algunas imputaciones, como "privación ilegal de la libertad" (por las personas que fueron presas en operativos irregulares), "falso testimonio" y "falsificación de documento público" (por las actas de los operativos "truchos" que elaboraron y luego firmaron testigos civiles), que pesaban sobre el resto de los uniformados imputados.

Ante esto, hubo apelaciones por parte de los abogados defensores y también del fiscal federal Enrique Senestrari, aunque con criterios opuestos.

Durante la audiencia de este martes, el primero en tomar la palabra fue el Fiscal General Alberto Lozada, "quien dio un marco general sobre los hechos que se investigan, señalando que desde el año 2010 hasta agosto de 2013 policías de la Policía de la Provincia de Córdoba conformaron una asociación organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, para lo cual utilizaron a un agente encubierto o provocador que no pertenecía la fuerza policial".

Según Lozada, "a muchas de estas personas vinculadas al narcotráfico se les cobraba periódicamente sumas de dinero para que pudieran seguir con esa actividad sin que fueran investigados por la Policía".

Otro de los delitos investigados, según describió, "era hacer figurar una cantidad menor de estupefacientes a la secuestrada en los procedimientos y colocar la droga restante en otros procedimientos para generar imputaciones y detenciones".

"Otra parte de la droga secuestrada y no declarada se comercializaba en locales nocturnos", agregó Lozada, sintetizando de manera clara cuál era el modus operandi que utilizaba los policías, según la acusación.

"Esta asociación ilícita habría engañado magistrados y funcionarios judiciales ocultando la intervención de Juan Viarnes como agente encubierto y/o provocador en absoluta violación de la ley 23737 ya que esta tarea sólo la puede hacer una persona de las fuerzas de seguridad y nunca un particular", agregó y denunció: "Estas causas están hoy en trámite en la justicia federal, lo cual permite establecer en un futuro que se van a producir nulidades, con grave perjuicio por haber actuado ilegalmente, con personas que estuvieron detenidas irregularmente y personas que si estaban en la actividad del narcotráfico van a terminar absueltos por estas irregularidades".

En ese sentido, Lozada indicó que la imputación por asociación ilícita correspondía sobre los dos últimos jefes que tuvo la división hasta que estalló el "narcoescándalo", Mario Nieto y Rafael Sosa.

En tanto, solicitó que se revoque la falta de mérito dictada en favor del agente Mario Osorio y se lo procese como coautor de asociación ilícita, por que aseguró que estaba acreditado que Osorio conocía a al agente encubierto Viarnes.

Respecto al policía Cristian Ingas, sostuvo que el mismo tenía conocimiento de la presencia de Viarnes en las investigaciones por lo que solicitó que se revoque la falta de mérito y se lo impute también por el delito de la asociación ilícita.

En relación a la agente Analía Belén Sosa, consideró que no se puede probar que haya participado en reuniones ni actuado en allanamientos con el resto de los policías imputados por lo que desiste de la apelación a la falta de mérito por asociación ilícita.

El fiscal general estimó que debe revocarse el sobreseimiento por falso testimonio dispuesto en favor del efectivo  Fabián Peralta Dattoli y que debe ser procesado por este delito.

En el marco de la misma causa, pidió que se revoque el sobreseimiento de Alfredo Seine, Rafael Sosa, Franco Arguello y Fabián Peralta Dattoli por "privación ilegítima de la libertad". El Fiscal Lozada consideró que el hecho de que formalmente los policías contaran con una orden de un juez federal para hacer el allanamiento no le otorgó legalidad ya que el procedimiento fue sustancialmente ilegítimo desde el inicio, por las circunstancias que se le habían ocultado al juez y por las irregularidades cometidas durante el mismo, según se lee en el comunicado enviado por la Justicia Federal.

Con respecto al delito de falsedad ideológica (insertar declaraciones falsas en un documento público) pidió que le sea imputado solamente al policía Cristian Ingas ya que fue él quien confeccionó las actas.

En tanto, el abogado Justiniano Martínez, defensor de Nieto y  Osorio expresó que este último trabajaba en la brigada del fallecido policía Juan Alós y que no lo hacía con Viarnes, por lo que no integraba la asociación ilícita.

Con respecto a Nieto, el abogado dijo "que no existe prueba de que se haya asociado a Viarnes para cometer los delitos que se investigan".

El Tribunal pasó a cuarto intermedio para resolver hasta el próximo martes.