Empleo. El Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán renegociar empresarios y gremios
El Ministerio de Capital Humano inició la convocatoria oficial para actualizar los acuerdos laborales vencidos bajo los lineamientos de la nueva Ley de Modernización Laboral.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, dispuso este jueves la renegociación obligatoria de 446 convenios colectivos de trabajo vencidos para adaptarlos a la actual Ley de Modernización Laboral.
La medida representa una ampliación significativa respecto a la decisión inicial de la gestión libertaria, que solo contemplaba la revisión de 150 acuerdos sindicales en una primera instancia.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fundamentó la decisión en la finalización del régimen de ultraactividad, principio que permitía mantener la vigencia de un convenio aun después de su vencimiento.
Cambios en las condiciones y aportes obligatorios
Según la reglamentación de la Ley 27.802, las denominadas “cláusulas normativas” sobre condiciones de trabajo se mantienen, pero las “obligacionales” vinculadas a aportes compulsivos caen al expirar el acuerdo.
La cartera liderada por Sandra Pettovello busca con esta convocatoria promover relaciones laborales más modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector económico.
El Ejecutivo nacional instó a que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores inicien de inmediato las negociaciones colectivas correspondientes según lo previsto en el artículo 137 de la nueva ley.
Fuerte rechazo de las centrales obreras
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó tajantemente la reglamentación al considerar que el Poder Ejecutivo intenta avanzar sobre derechos, instituciones y garantías esenciales de la libertad sindical.
Desde la central obrera recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó recientemente al gobierno argentino a adoptar medidas para garantizar un diálogo social tripartito adecuado y efectivo.
Los dirigentes sindicales advirtieron además que resulta inadmisible implementar una normativa cuyas disposiciones se encuentran mayoritariamente cuestionadas ante la Justicia por su presunta inconstitucionalidad.
Finalmente, el sindicalismo calificó la medida como una intromisión inaceptable en la vida interna de las organizaciones gremiales que afecta principios reconocidos por la Constitución Nacional.
