Empleados de Control de Transporte se ponen a disposición de la Justicia

Empleados del área de Control de Transporte de la Municipalidad de Córdoba presentaban esta mañana un escrito en el que se ponen a disposición de la Fiscalía Anticorrupción luego de que el sindicato de choferes de remises denunciara que hay trabajadores que recibieron coimas.En diálogo con La Voz, el delegado de Control de Transporte, Rodolfo Castro, dijo que la presentación es "para ponernos a disposición del fiscal Anticorrupción para que investigue" la denuncia que el titular del sindicato de remiseros, Franco Saillén, realizó contra de las autoridades del área de Transporte y por las presuntas coimas que empleados habrían recibido.Denuncia. Días atrás, Saillén dijo que denunciaron al secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el subsecretario, César Ferreyra por incumplimiento de los deberes de funcionario público (ver Remiseros denunciaron a funcionarios municipales, 09/08/12). Saillén adujo que no están cumpliendo con la ordenanza 10.270 que rige la actividad y que impone el monto del canon que deben recibir las empresas de remises. "La ordenanza dice que el canon es de 100 pesos y los compañeros tienen que dejar entre 600 y 700 pesos. La Municipalidad sabe eso y lo permite", fustigó.Saillén también había dicho al sitio Informes y Noticias que "hay casos de empleados municipales que recibieron coimas y eso lo salimos a denunciar, a muchos funcionarios les duele porque el kiosquito de varios pícaros se les están yendo a la m...".Luego de los dichos de Saillén, la Municipalidad informó que "la denuncia carece de fundamento toda vez que la tarifa de 100 pesos fue establecida por la ordenanza 10.473 en el marco de una declaración de emergencia del transporte, disponiendo en su artículo 7º de manera expresa que tenía vigencia mientras durase la emergencia", que arrancó en 2002 y se prorrogó hasta diciembre de 2003, "teniendo en consecuencia vigencia la tarifa hasta esta fecha".Además el Ejecutivo sostuvo que "el régimen establecido por la ordenanza de remis para la tarifa es el de acuerdo entre las partes, el agenciero y el remisero, los que en caso de no estar de acuerdo con la tarifa, la misma norma les permite cambiarse de agencia o eventualmente hacer una nueva agencia (...)".El municipio indicó también que "carece de razonabilidad pretender que la tarifa establecida el año 2002 estuviese vigente hasta la actualidad. En un país con inflación como el nuestro, no es posible sostener que una tarifa deba mantenerse sin actualización por más de 10 años".Al respecto, el secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardheilac, dijo que "no tiene ningún asidero la denuncia" contra los funcionarios. Díaz Cardheilac confirmó que hubo una presentación del municipio para que se investigue las acusaciones de los remiseros. "Repudiamos la metodología del prepo y la patota", señaló.