El TSJ inició sumario a vocales de la Cámara de Acusación

El Tribunal de Ética Judicial aplicó la sanción más grave a la que puede apelar y los vocales de la Cámara de Acusación, Horacio Gilardoni y Carlos Zalazar, sometidos ahora a un sumario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), estarían al borde de un jury de enjuiciamiento.

La acusación contra los camaristas están vinculadas a supuestas maniobras dilatorias e ilegales para evitar el juzgamiento del empresario y desarrollista Jorge Petrone, titular de Gama SA, involucrado en la denominada "megacausa" del Registro General de la Provincia. Este juicio se inició hace dos semanas pero se postergó por planteos formulados por los abogados.

De la investigación por las graves irregularidades denunciadas ante la Sala Penal del TSJ por Mario Della Vedova y luego por el penalista José Buteler, querellante en representación de la dueña de un campo, en camino a Villa Carlos Paz, del que supuestamente quiso adueñarse Petrone, surge un "claro quiebre a la transparencia" y genera una razonable sospecha acerca de la "imparcialidad" de ambos magistrados.

Tribunal Superior. Ante las maniobras dilatorias advertidas oportunamente, la Sala Penal del TSJ comunicó a la Cámara de Acusación que "interesaba su resolución respecto del planteo de Petrone-García porque estaba relacionado con otra causa (Ordóñez, Nicolás Ramón)con recurso de casación pendiente desde 2010.

Precisó el TSJ la "prioridad de tratamiento" del caso y, ante las comunicaciones recibidas, los vocales Della Vedova y Gabriel Pérez Muscará respondieron que se pactaron dos audiencias pero se frustraron ante la ausencia de Gilardoni. El 21 de julio de 2011, en respuesta a las "intimaciones" del TSJ, Pérez Barberá y Della Vedova habrían entregado sus votos para resolver el planteo de Petrone, pero no pudieron contar con el voto de Gilardoni.

A esta altura, es necesario consignar que Zalazar integraba la Cámara de Acusación (máxima instancia judicial antes de recurrir al TSJ)y fue reemplazado por Della Vedova, al inhibirse por ser garante o codeudor de un departamento adquirido por un íntimo amigo suyo a Gama. Oportunamente, Zalazar ya se había pronunciado en favor del empresario denunciado.

Las investigaciones administrativas determinaron que Gilardoni, a sabiendas de que Pérez Barberá saldría de licencia por varios meses, demoró su voto y dispuso, ante un  pedido del abogado Marcelo Brito, defensor de Petrone, que Zalazar al no ser más deudor de Gama, podía reincorporarse a la Cámara.

Esta decisión, personal e inconsulta de Gilardoni, derivó en la denuncia de Della Vedova y del abogado querellante. La Sala Penal, al analizar el caso consideró que la conducta desenvuelta por Gilardoni distaba mucho de "un obrar con debida diligencia y apego al marco legal". Se tuvo en cuenta que Gilardoni apeló a problemas de salud para justificar ausencias pero no presentó ningún certificado médico.

Lo más sugestivo sobre la conducta de Gilardoni fue que a partir de la presentación de un escrito de la defensa de Petrone, incorporó a Zalazar nuevamente a la Cámara y se ocupó de rechazar las presentaciones de Della Vedova y del abogado Buteler "contra viento y marea".

El TSJ tuvo duros conceptos hacia la actuación de ambos magistrados y en lo que concierne a Zalazar consideró que había una "inviabilidad legal de semejante regreso", dado que el apartamiento o recusación en una causa es definitiva. Después de considerar que se trataba de una "situación poco clara por las connotaciones económicas que contenía el apartamiento admitido", la Sala Penal elevó los antecedentes al Tribunal de Ética Judicial.

Al analizar la conducta de Gilardoni y Zalazar, el tribunal presidido por Javier Daroqui receptó los argumentos defensivos de los camaristas. A su turno, Gilardoni se justificó por problemas de salud y como prueba documental exhibió un mensaje enviado al correo electrónico de Aída Tarditti, integrante de la Sala Penal del TSJ. Al respecto, el Tribunal de Ética consideró que esa prueba "demuestra lo contrario" porque el correo fue enviado después de haber sido notificado de sus faltas injustificadas para prestar acuerdo en un tema que era prioritario para el TSJ.

El Tribunal de Ética estimó que Gilardoni debía "arbitrar todas las medidas a su alcance para evitar dilaciones que perjudiquen la correcta administración de justicia". Además, hizo hncapié en la actitud del magistrado al tratar de justificarse por una razón de salud, cuando su deber era "solicitar licencia que le corresponda: no puede desconocer  que si está imposibilitado de cumplir con la diligencia requerida, no cumple con su deber ético, y su demora ocasiona daño al judiciable y a la imagen del Poder Judicial".

Duras consideraciones. Entre las consideraciones más relevantes, el Tribunal de Ética aludió a las circunstancias del caso que involucra a los sospechados camaristas.

"Se trata de una causa con trascendencia pública: hay un interés general en ella ya que aparece afectada la seguridad jurídica. Tiene una importante entidad económica y se vinculó con otras causas penales. Además, ya se habían producido una serie de tropiezos que demoraron el proceso (dos audiencias suspendidas y frustración de la resolución después de la tercera) y un pedido del Tribunal Superior de Justicia no es respondido por el juez con una acción inmediata y efectiva, y sin embargo, aparece con una respuesta inmediata a la solicitud de la defensa de uno de los imputados para cumplir los pasos para reintegrar al Dr. Zalazar al Tribunal contra la oposición del otro vocal (Della Vedova) y con incorrecta aplicación de las normas".

Todo lo apuntado "induce a desconfiar del juez y a sospechar que el obrar obedece a un proósito reprochable". Al analizar el accionar de Zalazar, el Tribunal de Ética consideró que "aparece un obrar que podría despertar sospechas que responden a la existencia de motivos más serios porque si el juez \'entra y sale\' del proceso cuando quiere, también podría ser que entre y salga cuando se lo piden, o cuando se vea presionado: esto demuestra  que se afecta la imagen  de independencia funcional". "La conducta del Dr. Zalazar muestra una falta de verdadero compromiso con su liviandad en el trato de la causa", consideró el Tribunal de Ética.

El análisis de las conductas de Gilardoni y Zalazar llevó al tribunal presidido por Javier Daroqui a elevar sus conclusiones al TSJ. Ante una consulta de este diario, Armando Andruet, vocal del Tribunal Superior, explicó que el Tribunal de Ética "aplicó la sanción más grave que puede aplicar".

El pronunciamiento dio lugar al inicio de un sumario administrativo (se están recolectando pruebas) que podría derivar en el juzgamiento de los camaristas sospechados.