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El Gobierno presentaba anoche su nueva oferta a fondos buitre

El plazo vencía a las 2 de la madrugada. No hubo información oficial sobre la propuesta de pago de los U$S 1.330 millones en default. Serían dos bonos, uno con quita y uno par, a pagar en 30 años.

30 de marzo de 2013 a las 12:01 a. m.
Agencias DyN y Télam
El Gobierno presentaba anoche su nueva oferta a fondos buitre
Nuevo intento. Lorenzino y Kicillof apuestan a pagar a 30 años los U$S 1.330 millones reclamados por los bonistas (Télam).

Buenos Aires. Al cierre de esta edición el Gobierno argentino se aprestaba a presentar una propuesta de pago a los holdouts ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa, quien ordenó abonarles 1.330 millones de dólares. El plazo para la presentación de la propuesta argentina, encomendada al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, vencía a la medianoche de ayer en Nueva York, las dos de la madrugada de hoy en la Argentina.La nueva oferta es en respuesta a un pedido que emitió el 1° de marzo ese tribunal de los Estados Unidos, luego de los alegatos que tuvieron lugar en la audiencia oral celebrada el 27 de febrero en Nueva York.Durante ese trámite judicial la Argentina manifestó su voluntad de lograr un acuerdo con este grupo de bonistas, pero bajo condiciones "razonables".El mismo 1° de marzo, frente a la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández anunció que el país haría una propuesta de pago pero sin violar leyes argentinas (en alusión a las restricciones que impone la "ley Cerrojo") y por ende "bajo las mismas condiciones" puestas a consideración de los bonistas en la operación realizada en 2010.Ayer, versiones extraoficiales señalaron que el Gobierno ofrecerá pagar la deuda en default a través de un bono par y otro con quita a los fondos buitre NML y Aurelius, más 13 inversores minoristas que demandaron al país. El bono par –con el que se cancelaría el capital– implicaría reconocer el 100 por ciento de la deuda de 1.330 millones de dólares, a pagar en 30 años, con un interés del dos por ciento anual. El discount sería para cancelar los intereses. Según lo informado por Télam, el texto fue analizado por la presidenta Cristina Fernández e iba a ser enviado cerca de la medianoche a través de Internet por el estudio Cleary Gottlieb, con lo que quedaría habilitado el ingreso al sistema legal Federal de Nueva York. Las demandas de los denominados "fondos buitre" tuvieron fallos favorables en el tribunal de primera instancia a cargo de Thomas Griesa, quien aceptó que la Argentina violó la cláusula de "igual tratamiento" (pari passu) al país ignorar a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y ordenó que se les abone en efectivo y en un sólo pago el total de 1.330 millones de dólares.La medida fue apelada ante la Cámara por la Argentina, la que en primera instancia ratificó el fallo de Griesa (sobre el no cumplimiento de la cláusula de pari passu) pero le ofreció una nueva posibilidad al país al solicitarle que realice una propuesta de pago.En principio se especuló con la posibilidad de una segunda reapertura del canje 2005, pero las trabas que impone la Ley Cerrojo (impedía realizar nuevas ofertas) habrían hecho al Gobierno desistir de esa vía.El martes 26 de marzo la Corte de Nueva York rechazó el pedido de la Argentina para que el falló del tribunal que lleva el caso compuesto por tres jueces sea revisado por un plenario del cuerpo integrado –"en banc", en términos judiciales– por trece magistrados de ese circuito.Por ende, en caso que la sentencia no satisfaga los intereses nacionales al Gobierno sólo le quedará la opción de elevar una nueva apelación, esta vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Bonistas argentinos. El abogado ­Pablo Giancaterino, que representa a bonistas locales, ­reclamó que la Casa Rosada haga "la mejor oferta posible" y dijo que sus representados "respetarán lo que diga la Justicia".

Sólo una instancia. La oferta argentina debe convencer a los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Si eso no ocurre y el fallo es adverso, al Gobierno argentino sólo le quedará la instancia de apelar ante la Corte Suprema de ­Estados Unidos.