El Gobierno defiende su política contra el narcotráfico
El ministro Alak responsabilizó al Consejo de la Magistratura por la falta de jueces en el norte. Puricelli reconoció que “por ahí no alcanza” lo que hace el Ejecutivo.
El Gobierno nacional salió en su defensa de las críticas y advertencias de la Corte Suprema de Justicia y la Iglesia Católica por el aumento de las causas por narcotráfico, y repartió responsabilidades en la lucha contra ese problema, aunque lo hizo con declaraciones en parte contradictorias de sus funcionarios.
La relevancia política que el Gobierno les dio a las críticas quedó de manifiesto por la jerarquía de los funcionarios que ayer salieron al cruce: el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; los ministros Julio Alak (Justicia), Agustín Rossi (Defensa) y Arturo Puricelli (Seguridad), y el funcionario a cargo de la Sedronar (Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico), Julio Postiglioni.
La defensa cerrada de la política gubernamental contra el narcotráfico y el traslado de la responsabilidad al Poder Judicial, en particular al Consejo de la Magistratura, por la falta de cobertura de juzgados vacantes en el norte del país, definieron la reacción de Abal Medina, Alak y Rossi. En cambio, Puricelli y el funcionario de la Sedronar admitieron posibles insuficiencias en la política contra el narcotráfico y llamaron a que el problema sea abordado conjuntamente por los tres poderes del Estado.
La política antinarcotráfico de la Casa Rosada recibió duras críticas en menos de una semana. Primero fue la Conferencia Episcopal Argentina, que en un comunicado difundido el viernes consideró que ese es uno de los mayores problemas sociales del país, convocó a todos los sectores a trabajar en conjunto para erradicarlo y cuestionó la inacción de la Sedronar, vacante su titularidad desde la renuncia de Rafael Bielsa hace ocho meses. El martes, la Corte, en una resolución de sus siete integrantes, les pidió al Consejo de la Magistratura y a Justicia y Seguridad medidas “urgentes” en el norte argentino, como agilizar la cobertura de vacantes en los juzgados, reforzar la seguridad y mejorar las dependencias del Sistema Penitenciario Federal.
“El trabajo es constante. Los resultados son contundentes. Todos los días se desbaratan bandas narcos, pesos pesados. La política es activa”, defendió Abal Medina. Rossi, a su vez, reclamó “mayor capacidad desde lo judicial” ante los “mayores resultados” de los operativos antinarcotráfico.
“Sorprendido” por las críticas que atribuyó a “un sector” del Poder Judicial, Alak, por su parte, responsabilizó por la falta de cobertura de juzgados vacantes en Salta y Jujuy al Consejo, donde el oficialismo, recordó, “es minoría”. Además, dijo que “50% de los cargos no están cubiertos por el Consejo y la última terna que ese organismo aprobó fue el 11 de octubre de 2012”. Coincidió en cambio con la Corte sobre el exceso de trabajo de los jueces de esas provincias, en referencia al anexo con el que el máximo tribunal acompañó su resolución: las causas penales por delitos de narcotráfico se duplicaron entres 2005 y 2012.
Schiaretti
Proyecto. El diputado electo Juan Schiaretti manifestó su coincidencia con la declaración de los obispos argentinos respecto al flagelo del narcotráfico y a los planteos de la Corte Suprema referidos al control de las fronteras. "Esto ratifica mi decisión de impulsar en el Congreso una ley de derribo, de radarización de la frontera, de creación de una fuerza federal especial, y la creación de un protocolo de coordinación de las fuerzas federales y provinciales", dijo Schiaretti.
