De Vido quiere que las telefónicas controlen el contenido de los mensajes
Ordenó un sumario a licenciatarias de telefonía que "hayan prestado sus redes para la realización de encuestas falsas y engañosas" en las últimas elecciones porteñas. ¿Censura?
En una inédita medida, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido instruyó al Secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y al interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá para que inicien un sumario a licenciatarias de telefonía que "hayan prestado sus redes para la realización de encuestas falsas y engañosas" en el marco de las últimas elecciones porteñas.
El miércoles, Daniel Filmus, candidato derrotado en las elecciones del domingo, denunció la existencia de una encuesta telefónica que formulaba la siguiente pregunta: “¿Sabía usted que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y trabaja en las empresas de Sergio Schoklender?”.
La intención de Planificación, según informó DyN, sería la de transformar a las telefónicas en especies de “custodios” de los mensajes que se brinden a través de la red de telefonía. Por medio de mensajes (de telemarketing o personales; telefónicos o por otros medios) siempre se pueden cometer delitos como infamias y calumnias. Pero nunca hasta ahora se ha culpado al mensajero.
Según Planificación, las sanciones a las telefónicas “serán en principio pecuniarias pero no se descarta que puedan incluir también la suspensión o quita de la licencia de telecomunicaciones”.
A través de un comunicado, la cartera de De Vido sostuvo que “las compañías licenciatarias, como responsables de una red pública, tienen obligación legal de aportar las soluciones de procedimiento y tecnológicas necesarias para evitar que las redes de comunicación sean utilizadas para lesionar los derechos individuales de las personas o de la sociedad”.
Dicha cartera consideró que "el avance tecnológico brinda las capacidades para implementar herramientas a fin de asegurar la prestación de este servicio (telefónico), en condiciones de calidad, y respeto por los derechos fundamentales de las personas, y es nuestra obligación velar para que estos instrumentos de monitoreo y detección temprana sean incorporados a las plataformas de los licenciatarios de servicios públicos”.
