Cristina denunció el uso del aparato judicial "como arma" para "destruir" a la política y a líderes opositores

La senadora electa y expresidenta Cristina Fernández se reunió con Dilma Rousseff, de Brasil, y denunció públicamente que existe un "proceso" llamado Lawfare que "consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores".

La exmandataria realizó esas declaraciones en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Los dichos de la expresidenta se producen luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara el procesamiento (con un embargo millonario) de ella y otros exfuncionarios y personas por la presunta traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo.

A Fernández y los demás acusados se les imputó "haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994" contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

La explosión provocada en el atentado produjo la muerte de 85 personas y lesiones de distinta magnitud a más de 150, según recordó el magistrado en su fallo de 491 páginas divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para el juez, "este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Elisabet Fernández, junto con, entre otras personas".

Bonadio apuntó al entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y la "colaboración activa de los funcionarios públicos" Oscar Parrilli (secretario General de la Presidencia); Carlos Zannini (secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación); Angelina Abbona (procuradora del Tesoro de la Nación) y Juan Martín Mena (jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

También mencionó al diputado nacional Andrés Larroque; Eduardo Zuain (viceministro de Relaciones Exteriores y Culto); Alberto D´Alotto (viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza); Luciano Tanto Clement (consejero del canciller y ministro de Segunda de la Cancillería); Susana Ruiz Cerutti (directora General de la Dirección de Consejería Legal de Cancillería) y José Mercado (asistente personal del canciller).

"Estos funcionarios del Estado nacional -expresó Bonadio-, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de Amia y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados, siendo que por el artículo 7° se le daba operatividad autónoma al proceso de aprobación del Memorando".