Crece la controversia en el oficialismo

Buenos Aires. La creciente controversia pública en el oficialismo en torno de la nueva ley antiterrorista, como también la directa descalificación de ésta por parte del ministro de la Corte Suprema de Justicia más cercano al Gobierno, abrieron la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández termine por vetar parte del texto que el jueves aprobó el Congreso. El origen de la polémica está en que la norma (en el fondo, reformas del Código Penal) es de tal vaguedad que deja abierta la posibilidad de que sea considerado como acto de terrorismo una protesta social o sindical. A esto, el impulsor de la ley, José Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), agregó anteayer otro motivo de controversia: dijo que periodistas y medios de información podrían ser acusados de "aterrorizar a la población" en caso de difundir noticias que puedan provocar un retiro masivo de depósitos.La ley elaborada por la oficina antilavado a cargo de Sbatella, dependiente del Ministerio de Justicia, fue enviada por la Presidenta a las sesiones extraordinarias, ante la amenaza de sanciones económicas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los cambios habrían sido comprometidos por Cristina Fernández ante un pedido en ese sentido que le hizo su par estadounidense Barack Obama durante la reunión que tuvieron en Cannes en noviembre.El ministro del Interior, Florencio Randazzo, negó ayer que la ley pueda ser aplicada contra protestas sociales, periodistas o medios de prensa. "Hay intencionalidad de distorsionar el sentido de la ley y tiene mala intención quien lo dice", afirmó. Sin embargo, un día antes Sbatella había admitido lo referente a periodistas y medios de información, frente a lo cual le salió al cruce el propio jefe de los senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, al decir: "Una noticia periodística jamás puede ser considerada un acto terrorista".Randazzo insistió en que "la ley es precisa y contundente respecto del ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información. Mucho menos puede decirse que esto está vinculado a la protesta social". Y dijo desconocer la opinión del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, que había trascendido poco antes. "Un disparate". Zaffaroni, además de descalificarla por ser "un disparate", sostuvo que la ley "es una extorsión que nos hace" el Gafi, "un organismo de segunda categoría que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas y que se ocupa sólo de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte". El influyente juez de la Corte consideró también que Argentina "para nada" necesita una ley antiterrorista. Y en sus declaraciones, que hizo el domingo pasado a Radio Nacional Córdoba pero que se conocieron ayer, alertó que "en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos". La opinión de Zaffaroni está en consonancia con el rechazo al proyecto que desde un principio habían anticipado organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales. De allí que en medios oficialistas se especuló ayer con que la Presidenta podría vetar parte de la ley.Por caso, el abogado de Abuelas, Alan Iud, dijo que hablar de "delitos dirigidos a aterrorizar a la población" es "un concepto excesivamente amplio y aumenta el riesgo de que se use contra la protesta social". Y apuntó que si bien el Gobierno manifiesta voluntad de no criminalizar la protesta social, "no perdemos de vista que los que aplican la ley son los jueces y muchos creen que el sistema penal debe perseguir esas protestas".La misma lectura hizo ayer ante este diario el diputado Jorge Yoma, el único oficialista que votó en disidencia el dictamen de la Comisión de Legislación Penal. "Es un mamarracho inaplicable", afirmó, y apuntó: "Con el Código Penal no se solucionan los conflictos sociales y esta ley permite todo tipo de discrecionalidad a los jueces".Yoma dijo: "¿Por qué si, en una decisión soberana, Néstor Kirchner rompió con el Fondo Monetario, ahora se cede ante las presiones de un organismo de cuarta, como es el Gafi?".