Conflicto de poderes
La confrontación de los últimos años entre los poderes judiciales provincial y federal se dirime cada vez con mayor frecuencia en la Corte Suprema de la Nación.
El escenario no es nuevo. La confrontación de los últimos años entre los poderes judiciales provincial y federal se dirime cada vez con mayor frecuencia en la Corte Suprema de la Nación.
Aún resuenan los ecos del revés que sufrió en marzo el TSJ en algo delicado para su tradición penal, la prisión preventiva, que con el fallo “Loyo Fraire” cambió los criterios de encierro y libertad en causas criminales.
También se sufrió como derrota local el traslado del expediente por la muerte del policía Juan Alós al despacho del fiscal federal Enrique Senestrari. Además del fiscal provincial, parecen cuestionados funcionarios, magistrados y peritos del foro provincial.
Con menor incidencia, la procuradora Alejandra Gils Carbó ya dio dictamen favorable a un recurso por la muerte de un joven en Despeñaderos. Si los ministros del máximo tribunal de la Nación lo confirman, la investigación deberá reabrirse.
En medio de tantas adversidades, la Justicia provincial soltó las causas por las muertes de Jorge Suau y Damaris Roldán. Hay quienes opinan que este conflicto de poderes no es sino la caja de resonancia de la disputa de poderes políticos, provincial y nacional. También se advierte que la Corte factura que el TSJ supuestamente privilegie su sintonía con el gobierno provincial antes que los criterios puramente jurídicos.
Sin embargo, la causa ART podría tener otro origen, teniendo en cuenta que el propio titular de la SRT es el denunciante en los tribunales provinciales. Más vale, se adjudica mayor influencia al poder de lobby local de algunos letrados en la torre de Tribunales federales.
