Cómo sigue el caso de jueces cordobeses de la dictadura
Un juez riojano podría quedar a cargo de la causa.
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, fue sorteado para investigar la actuación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba durante la dictadura, pero esto no significa que sea finalmente quien lleve adelante la causa.Ocurre que ahora el magistrado debe resolver, primero, si acepta los argumentos del juez federal Nº2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, que decidió apartarse. Si rechaza este planteo, otra vez la Cámara Federal de Córdoba deberá expedirse sobre la causa, resolviendo ya sobre esa cuestión en particular.En la causa, el ex juez Miguel Angel Puga y los ex fiscales Antonio S. Cornejo y Ali Fuad Ali, están acusados de no haber investigado la causa de las muertes de detenidos durante la dictadura, hechos considerados delitos de lesa humanidad por el fiscal federal Vidal Lascano."Piedrabuena debe resolver si acepta o no el apartamiento de Sánchez Freytes, quien considero que los hechos habían prescrito. Yo creo que son delitos de lesa humanidad y que no prescribieron porque fueron parte del terrorismo de Estado: estos jueces no juraron por la constitución sino por el Estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional, lo que demuestra la dependencia directa del poder militar", dijo a La Voz Vidal Lascano, quien seguirá siendo el fiscal del caso.Bajo sospecha. La causa se inició cuando dos querellantes de otra investigación, la referida a los asesinatos de presos políticos en la cárcel de San Martín (entonces Unidad Penitenciaria Nº1, UP1), denunció a estos funcionarios hoy acusados y a otros más ante la ahora ex jueza Cristina Garzón de Lascano, quien desdobló la causa y así fue que recayó en Sánchez Freytes.Juan Miguel Ceballos, hijo de uno de los presos asesinados, y Rubén Arroyo, querellantes en la causa UP1, denunciaron a los funcionarios hoy bajo la mira pero también contra Ricardo Haro, Carlos Otero Alvarez, Luis Eduardo Molina y Eudoro Vázquez Cuestas, quien incluso declaró el año pasado en el segundo juicio a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba que dependía del Ejército.Vázquez Cuestas podría ser investigado ahora en el juzgado de Bell Ville. El resto de los denunciados -entre ellos el ya retirado vocal del Tribunal Oral Federal Nº1, Carlos Otero Álvarez-. quedó al margen de la causa, porque el fiscal entendió que no tenían injerencia en los casos analizados.
