Caja: admiten informe en el litigio que inició Córdoba
La Corte Suprema rechazó la oposición de la Nación a un estudio que presentó el ente previsional. Es un trabajo realizado por la Universidad Nacional de San Martín.
Mediante un dictamen fechado el 29 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia resolvió admitir un informe que el Gobierno de Córdoba había presentado, en el marco del juicio contra la Nación por la deuda de casi 1.040 millones de pesos (capital original) con la Caja de Jubilaciones.
Con esa decisión, el alto cuerpo rechazó la oposición que había interpuesto la Nación para evitar que esa documentación se incorpore al proceso.
“El Estado nacional mal puede alegar que la agregación del documento le haya generado una desventaja procesal, en la medida en que conocía su existencia, con lo cual no ha mediado sorpresa alguna”, indicaron los ministros de la Corte en el pronunciamiento.
El informe en cuestión es el que la Provincia encargó a la Universidad Nacional de San Martín (Usam), titulado “Caja de Jubilaciones-Auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada parte (Estado nacional y Caja de Jubilaciones) y la formulación de montos alternativos que resultan de informes técnicos”.
En rigor, ese trabajo fue anticipado ante la Corte hace un año, cuando el organismo previsional cordobés realizó dos acciones. La primera fue una contestación a la contrademanda que presentó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El núcleo duro de la respuesta fue, justamente, el estudio de la Unsam. Según ese análisis financiero, el cumplimiento absoluto de las pautas de armonización no hubieran eliminado ni reducido el déficit del sistema cordobés.
Por el contrario, la pérdida habría sido 37 millones de pesos más elevada. Los números indican que, si se hubiera optado por el régimen nacional, las erogaciones de la Caja en 2012 se habrían reducido en 2.280 millones de pesos.
Pero los ingresos hubieran sido menores en 2.320 millones. Y en lugar de un déficit de 1.327 millones, el “rojo” habría llegado a 1.364 millones de pesos.
La segunda acción que emprendió la Caja consistió en un pedido de inconstitucionalidad de la ley 26.854, que limita las cautelares, aprobada en el marco del paquete de leyes que impulsó la denominada reforma judicial.
El dictamen
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, el dictamen de la Corte indica que “el Estado provincial cumplió con el deber de lealtad procesal”.
Eso se desprende de la individualización del instrumento (el informe de la Unsam), en ocasión de contestar la contrademanda de la Anses.
En esa oportunidad –indica la Corte–, la Provincia “dio muestras de su contenido” al señalar que el informe de la subgerencia general de Auditoría y Estudios de la Caja fue realizado “sobre la base de los borradores” del informe de la Unsam.
El pronunciamiento se conoce en medio de un estancamiento en las relaciones entre la Provincia y la Nación, reactivadas el año pasado, tras el desembarco de Jorge Capitanich en la jefatura de Gabinete nacional.
Sin embargo, tras varias reuniones, sólo hubo algunos avances en temas puntuales, mientras que las diferencias que llegaron al terreno judicial se mantienen intactas.
Tanto que Córdoba quedó afuera de las últimas dos prórrogas del plan de refinanciamiento de las deudas provinciales, ante su negativa a renunciar a la demanda entablada ante la Corte Suprema.
