Bastante más de lo previsto para un intendente

Se trató con carácter de urgencia y se aprobó casi sin análisis. Nadie llega a determinar aún sus implicancias, pero es seguro que la megaordenanza que delega en el intendente Ramón Mestre varias facultades que son propias de los concejales de la ciudad de Córdoba generará polémica por largo tiempo. Para los opositores –el bloque de Unión por Córdoba parece no integrar hasta el momento esa categoría–, la norma es claramente inconstitucional, ya que amparándose en la crisis económica vulnera varios artículos de la Carta Orgánica Municipal, comenzando por el que prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo. La norma regirá para el municipio y sus empresas. Prevé un registro de juicios contra el municipio y una consolidación de deudas, y establece que los acreedores judiciales podrán cobrar hasta en ocho años y que –de manera opcional– casi todos aquellos que tengan algo que cobrarle al municipio podrán suscribir títulos que también podrán vencer hasta en ocho años y que serán transferibles. No fija la tasa de interés que pagarán esos títulos, ni el monto de las emisiones, pero sí dice que servirán para pagar impuestos municipales vencidos, y también para otro uso sorprendente: adquirir inmuebles o vehículos que el municipio sacará a la venta. La desafectación de esos bienes es una de las tantas acciones que el Concejo "requiere" al Ejecutivo, todo en la misma norma. Otras requisitorias de los ediles al intendente apuntan a "mejorar los sistemas de contratación y adquisiciones" o a concesionar servicios municipales. Igualmente, son atribuciones propias de los concejales.El capítulo III sin dudas extenderá la polémica a los Tribunales, ya que declara la inembargabilidad de los recursos municipales. En la actualidad, el municipio tiene sentencias exigibles por 23 millones de pesos y juicios en curso en su contra por más de 300 millones. ¿Estarán de acuerdo los jueces con la prohibición de embargar? ¿Era tan simple la defensa judicial de la Municipalidad?Pero los capítulos más polémicos de la megaordenanza de ordenamiento están al final y sólo fueron votados por los radicales, ya que los cuatro ediles aliados de Unión por Córdoba los rechazaron: refieren a la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, y parecen hacer blanco en la futura privatización de Tamse y en la incorporación de una nueva empresa que "competirá" con Crese. Esos artículos otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para rediscutir tarifas y prestaciones o privatizar servicios, pese a que la Carta Orgánica dice que se trata de atribuciones de los concejales y en algunos casos establece la doble lectura. Mestre sólo deberá remitir al Concejo las "renegociaciones integrales", es decir, los contratos que se modifiquen de cabo a rabo.La situación explosiva que encontró Mestre en la Municipalidad de Córdoba parece fuera de discusión: se observa en las ejecuciones presupuestarias, en los saldos bancarios de las cuentas municipales y en la millonaria deuda flotante. Y además los vecinos la corroboran a diario en cada esquina de la ciudad.Lo que no se termina de entender es porqué, con mayoría propia en el Concejo y con opositores que se declaran dispuestos a respaldar las acciones iniciales del Ejecutivo, Mestre optó por el camino de hacerse de atribuciones que no le corresponden.