Acusan a Gils Carbó y ordenan reabrir otra causa en su contra
Fue imputada por presunto encubrimiento en el caso de Lázaro Báez. La Justicia dispuso investigar irregularidades en el nombramiento de fiscales.
Buenos Aires. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo ayer un doble revés judicial relacionado directa e indirectamente con la investigación que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.
Por un lado, la jefa de los fiscales fue imputada por uno de sus subordinados por presunto encubrimiento de Báez; y, por otro, fue afectada por una decisión de la Cámara Federal porteña que ordenó reabrir la causa contra ella por supuesto nombramiento irregular de fiscales.
La primera de las decisiones contra Gils Carbó –presidenta además del movimiento Justicia Legítima que comparte los lineamientos de reforma del Poder Judicial impulsados por el Gobierno nacional–, tiene relación con una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, mientras que la segunda es derivación de la que presentó el senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo de la Magistratura.
El mes pasado Cimadevilla había denunciado a Gils Carbó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunta designación ilegal de fiscales ad hoc, a raíz de la creación por decisión propia de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la Procunar (de Narcocriminalidad), al frente de las cuales designó a Carlos Gonella y a Félix Crous, respectivamente.
La denuncia fue archivada sin más por el juez federal Sebastián Casanello. Pero ayer la sala 1 de la Cámara Federal capitalina ordenó reabrirla ante la apelación del fiscal de la causa Guillermo Marijuán, respaldada por el fiscal de la Cámara, Germán Moldes, quienes sostuvieron que hay que investigar cómo se hicieron las designaciones. Sobre todo la de Gonella, quien en una primera intervención en la causa por presunto lavado de dinero decidió no imputar al empresario Báez.
También ayer la procuradora Gils Carbó, como los fiscales antilavado Gonella y Omar Orsi y el juez Casanello, fueron imputados por presunto encubrimiento en la investigación en la que el principal implicado es el empresario Báez. La decisión se relaciona con la denuncia que hizo Carrió después que el juez Casanello se negó a realizar un allanamiento a pedido del fiscal Marijuán de una baulera en la ciudad de Tigre, donde supuestamente se ocultó documentación de “La Rosadita”, la financiera de Puerto Madero vinculada al presunto caso de lavado.
Denuncian a Elisa Carrió
El abogado Gustavo Ogni denunció a la diputada Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito. Fue a raíz de la publicación en la revista Veintitrés, de Sergio Szpolski, de un informe sobre la construcción de una chacra de la legisladora.
