Una denuncia penal presentada en la Justicia Federal de Córdoba amenaza con abrir un escándalo político de proporciones en ciudad de La Calera. El actual intendente, Fernando Rambaldi (Encuentro Vecinal), junto con el asesor letrado municipal, Agustín Anglada Allende, solicitaron a la Justicia investigar a dos exintendentes y a la exdirectora del Registro Civil por presuntas maniobras fraudulentas que habrían permitido que personas fallecidas votaran en las elecciones entre 2016 y 2023.
El escrito, ingresado a la Fiscalía de Instrucción de turno, apunta directamente contra Rodrigo Rufeil (intendente entre 2015 y 2019), Facundo Rufeil (2019 a 2023) y Susana Margarita Fiorini, directora del Registro Civil durante más de una década. Rodrigo Rufeil fue ministro provincial y actualmente es legislador en la Unicameral de Córdoba.
Rambaldi, en La Voz En Vivo
Según la acusación, los exfuncionarios habrían omitido deliberadamente informar al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y al Registro Civil provincial las defunciones registradas en La Calera, lo que permitió que los DNI de al menos 35 ciudadanos fallecidos siguieran activos en el padrón electoral y fueran utilizados para emitir votos. Las autoridades dicen tener constatado esa cifra de infracciones, pero sospechan que podrían ser varios cientos los casos de muertos que “votaron”.
El caso salió a la luz a partir de una presentación del actual director del Registro Civil, Claudio Marcelo Martínez, quien en agosto de este año fue alertado por autoridades provinciales de una grave irregularidad. En su nota dirigida a la Asesoría Letrada municipal, Martínez relató la situación que forma parte ahora de la denuncia: “A principios del mes de agosto del 2025, se comunicaron conmigo del Registro Civil de la Provincia de Córdoba a los fines de informarme que el Registro Civil de la Municipalidad de La Calera desde el año 2016 a la fecha no estaba informando (...) la depuración de los difuntos.”
Al iniciar las verificaciones, Martínez se topó con un hallazgo impensado. Así lo relató en la presentación: “Constaté la existencia de treinta y cinco (35) Documentos Nacionales de Identidad de personas fallecidas que habrían votado en las elecciones nacionales y provinciales desde el 2016 al 2023. Esta situación me parece de extrema gravedad, por lo cual pongo a conocimiento de la Asesoría a los fines realice la denuncia penal correspondiente.”
Hubo una investigación preliminar realizada por parte del propio municipio que incluyó una pericia informática y la revisión de registros oficiales. Allí se confirmó que al menos 35 personas ya fallecidas aparecen con votos emitidos en comicios nacionales y provinciales.
Ejemplos de los muertos que votaron
La denuncia presentada ante la Justicia incorpora un cuadro detallado con nombre, DNI, fecha de fallecimiento y elecciones en las que los difuntos habrían participado. Algunos casos ilustran la dimensión del fraude.
Por ejemplo, Martha Silvia Arguello, fallecida en febrero de 2018, figura como votante en las elecciones generales de 2023 y en el balotaje presidencial de noviembre del mismo año.
Claudia Lucila Calovini, en tanto, muerta en 2018, aparece en las listas de sufragantes de 2019, 2021 y 2023.
Otro caso es el de Ana Guevara, fallecida en 2018, quien supuestamente participó en cuatro procesos electorales posteriores a su muerte, incluido el balotaje del año pasado.
La lista completa incluye 35 identidades de ciudadanos fallecidos que, según los registros oficiales, votaron después de su muerte. En algunos casos, incluso, los DNI aparecen todavía en los padrones actuales.
Posibles delitos
El escrito presentado por las autoridades de La Calera solicita que se investiguen a los exfuncionarios por una batería de delitos: falsificación de documentos electorales, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad. Y, eventualmente, asociación ilícita, en caso de comprobarse un plan sistemático y organizado.
La acusación no apunta a los votantes que utilizaron los documentos falsos, sino principalmente a los exfuncionarios que, por acción u omisión, habrían permitido y sostenido durante años este mecanismo de fraude electoral.
Para respaldar la denuncia, los actuales funcionarios municipales aportaron documentos oficiales que acreditan las designaciones y responsabilidades de los acusados, además de una pericia informática del licenciado Roberto Picado.
También fueron sumadas las constancias de votación extraídas de la página oficial infractores.padron.gob.ar. Y el listado de fallecidos con fechas de votación posteriores.
Además, los denunciantes pidieron que la Justicia requiera informes al Renaper, a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Electoral provincial para confirmar si los fallecidos siguen figurando en padrones y si registran votos entre 2016 y 2023.
La denuncia amenaza con tener un fuerte impacto político en La Calera. Los primos Rufeil, señalados en la presentación, dominaron la intendencia de la ciudad del departamento Colón durante los últimos años hasta 2023 cuando se dividieron políticamente y perdieron ante Rambaldi.
Ahora, ambos deberán enfrentar la sospecha de haber encabezado –o, al menos, permitido– un mecanismo que habría falseado la voluntad popular en varios procesos electorales.
El intendente Rambaldi y su equipo piden la apertura formal de la investigación, la eventual imputación de los exfuncionarios y, en el momento procesal correspondiente, su citación a declaración indagatoria.
