Vi luz y subí

Volvió tranquilo de su último viaje a Buenos Aires el gobernador José Manuel de la Sota, o al menos no creció su preocupación por sus flacos contactos con la Casa Rosada. Mantuvo dos reuniones que consideró interesantes: una con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, y otra con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.De ambos encuentros, el último alcanza características más rutilantes desde lo político, ya que la Jefatura de Gabinete era una puerta cerrada con siete llaves y una antigua tranca para el gobernador. Sin embargo, a su regreso se encontró con la pulseada con los docentes y un buen panorama. Porque, como ya se explicó en los últimos días, el gremio del sector (la UEPC) aceptaría la oferta oficial de conceder un incremento anual del 25 por ciento, distribuido en cuatro cuotas trimestrales. En la propuesta original, la última cuota se pagaría en diciembre, aunque, en el medio de las negociaciones y las presiones, se anticipó para noviembre. Piso de aumento: 400 pesos en febrero. Sin embargo, no hubo respuesta y no hubo acuerdo firmado. La UEPC continúa con su paro para el martes, lo cual es difícil de comprender para la sociedad. Los docentes cordobeses se plegarán al paro nacional de Ctera y demorarán el inicio de clases, a pesar de que en principio el ofrecimiento agradaría al sindicato.Hay cosas que no se entienden bien y probablemente la falta de respuesta o la intención de dar la respuesta recién después del paro del martes obedezcan a la interna gremial.Algo no cierra y De la Sota asumirá el costo de no comenzar las clases en tiempo y forma, a pesar de haber hecho una propuesta salarial que los sindicalistas docentes consideraron "decente". O los maestros juegan otro juego o el Gobierno no tiene contundencia para imponer sus reglas si existe acuerdo económico.La UEPC es un gremio "amigo" del Ejecutivo provincial (recordar que el ministro de Educación, Walter Grahovac, proviene de ese sindicato) y que ahora, con la oferta en la mesa, demore el inicio de clases es un sinsentido de aquellos.Atrás vendrá todo el sector público a reclamar el ajuste salarial y la pauta será similar a la de los docentes. En total, en el Gobierno aseguran que el aumento es de 900 millones de pesos anuales. El gato y el ratón. Mientras busca pasar esta fuerte tormenta de verano sin inundarse, el partido de gobierno despunta el viejo vicio de practicar esgrima política y aprovechar todo el poderío que le da ocupar el centro de la escena para acorralar opositores. Luis Juez es para De la Sota el rival más complicado, a pesar de que el senador nacional esté pasando el momento de mayor debilidad en su historia política. Derrotado con holgura en las urnas del año pasado, hace poco quedó entrampado en el espinoso privilegio que tienen los senadores de canjear pasajes por plata contante y sonante, lo cual es un aumento encubierto. Y, trascartón, el escándalo de los cheques sin fondo que libró su partido en la última campaña electoral, que, aunque no sean la misma cosa, invita a comparar su situación con la del ex secretario General de la Gobernación Marcelo Falo, hoy devenido en una figura impresentable para el delasotismo, donde alguna vez fue niño mimado.Calificadísimos funcionarios del entorno delasotista lo niegan a rajatabla y dicen desconocer la estrategia, pero el peronismo tiene un plan que ejecutará en los próximos días, con el objetivo de redoblar la embestida contra Juez, con dos aristas: una en la Justicia y otra en la Legislatura.Por un lado, analizan hacer una presentación ante la Justicia Electoral provincial –donde sus conductores supieron ser dóciles y temerosos ante los estrategas electorales del PJ– y argumentar que durante la última campaña electoral el Partido Nuevo no usó la cuenta del Banco de Córdoba que pide la ley y sí la de otra entidad financiera.Por el otro, hay que recordar que el senador nacional ya perdió un legislador en la Legislatura Unicameral de Córdoba: Rubén Borello, peleado con Juez y ahora coprotagonista del escándalo de los papelitos voladores. El juecismo, que tenía 13 representantes, pasó a disponer de 12, contra 11 del radicalismo. Así las cosas, retiene el "título" de segunda fuerza o de primera minoría.Pero los peronistas quieren arrebatarle este "galardón". ¿Cómo? Logrando una nueva deserción en el bloque juecista. Hay datos fidedignos que permiten afirmar que existe un operativo para lograr que un legislador del Partido Nuevo, del interior, haga sus valijas.Si el "operativo seducción" da sus frutos, el legislador dejará el partido por el que fue elegido y se presume que se unirá a Borello. Si esto se da, el juecismo quedará en la Unicameral con 11 miembros, igual que el radicalismo. Y allí comenzará una dura discusión por quién es primera minoría. Se acudirá a la ley, y siempre las interpretaciones pueden variar.Saber quién es el segundo importa, entre otras cosas por la estructura de que dispone la primera minoría, los cargos a los que puede acceder. Hace tres semanas, los juecistas le pidieron a De la Sota 31 cargos jerárquicos en organismos dependientes del Estado y al parecer el gobernador consideró acertado tal reclamo. Pero si esta jugada no se convierte en un fiasco para el peronismo, las cosas cambiarán y primero la Legislatura deberá resolver la "tabla de posiciones" de los partidos opositores, para ver a quién le da los cargos vacantes. El juego está abierto y, mientras el peronismo niega todo, el juecismo se acurruca y los radicales miran para otro lado. Por lo pronto, el legislador Rodrigo de Loredo, ligado desde lo político y familiar a Oscar Aguad, se presentó en la Justicia y denunció a Juez. ¿Casualidad? La primera vez. De la Sota sabe que luego de la reunión de una hora y media que mantuvo con el jefe de Gabinete, Abal Medina, avanzó dos casilleros en este particular juego de la oca. Antes tachado con una cruz roja, ahora pasa y se sienta en despachos pesados de la Casa de Gobierno, ocupados por hombres del nuevo entorno íntimo de la presidenta Cristina Fernández. No hubo en la conversación definiciones, pero sí una agenda abierta y diálogo franco y respetuoso, dicen las fuentes cordobesas. El otro encuentro importante fue con el jefe de la Anses, organismo que le debe a Córdoba exactamente 1.040 millones de pesos de cofinanciamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, proveniente de un convenio que expiró el 31 de diciembre último. De la Sota aspira a que le paguen la deuda (estaría dispuesto a recibir parte en efectivo y parte que se descuente de la deuda que la Nación le refinanció a Córdoba) y quiere celebrar un nuevo acuerdo con la Anses.Bossio exige ajuste, cosa que el kirchnerismo llama, de manera graciosa y pueril, "armonización". Quiere que el salario de un jubilado se determine promediando los sueldos de los últimos 10 años, como es en la Nación, y no los de los últimos cuatro, como es en Córdoba. Además, los incrementos del haber jubilatorio, pide la Nación, deben surgir de un mix semestral y no como se hace acá, donde surgen de calcular un porcentual de lo que percibe un activo. Por lo pronto, el Gobierno dice, a través de sus principales espadas, que esta semana desembarcará en Córdoba una comisión de la Anses que auditará las cuentas provinciales en pos de la pomposa armonización.Si eso es así, el paso para que se concrete el supuesto acuerdo depende de la voluntad política de De la Sota para hacer el ajuste en la Caja.Como analista del actual escenario, un hombre que ocupó diferentes cargos en las administraciones justicialistas en Córdoba resumió la situación de manera elocuente: "Yo me hubiera conformado con que la Nación enviara los 250 millones de pesos que en las cuentas figuraban como enviados".