Una teoría conspirativa insostenible

Por primera vez, un funcionario kirchnerista tuvo como primera reacción, ante una denuncia gravísima, señalar a un miembro de su propio partido en lugar de decirse víctima de conspiraciones urdidas por "la derecha" y los demás enemigos del "proyecto nacional y popular". Furibundo ante la acusación en su contra, recogida por Jorge Lanata en una cárcel de la provincia que gobierna Daniel Scioli, Aníbal Fernández apuntó su dedo acusador contra Julián Domínguez, su competidor en las primarias bonaerenses, sin poder señalar al gobernador que le abrió la celda al periodista opositor, porque es la única carta que tiene Cristina para salir del poder tranquila.Era un acontecimiento inédito, pero la Presidenta reinstaló el movimiento reflejo de explicar cada denuncia como un complot derechista. Dijo que la intención es sabotear candidaturas progresistas y atacar a gobiernos que se enfrentan con los monopolios y desafían el diktat de los organismos de crédito.Para completar su teoría del complot, afirmó que no sólo su gobierno es víctima de esas conspiraciones que se valen de la Justicia, las denuncias de corrupción y los medios hegemónicos, para debilitar y derribar gobiernos "progresistas" en Latinoamérica.En síntesis, Cristina dijo que los denunciados deben estar orgullosos por ser atacados desde poderes contrarios a los intereses del pueblo, ya que esas fuerzas codiciosas y conservadoras son las que sabotean campañas de candidatos que defienden los intereses nacionales en Latinoamérica.Precisamente, una mirada más allá de las fronteras desbarata el argumento presidencial. La actualidad y las últimas décadas prueban que, en la región, las denuncias han sacudido y también tumbado candidaturas y gobiernos liberales y conservadores.En Chile, un escándalo financiero, del cual se hizo eco la prensa y la oposición izquierdista y centroizquierdista, obligó a Lawrence Golborne a abandonar la candidatura por la alianza centroderechista que gobernaba el país. Y Golborne era el más competitivo de los aspirantes conservadores, entre otras cosas por haber sido el ministro que organizó con eficacia el rescate de los mineros atrapados a cientos de metros de profundidad, en un yacimiento de Atacama.Su renuncia hizo que la centroderecha terminara postulando su peor carta para enfrentar a Michelle Bachelet: la dura y antipática Evelyn Matthei.En Brasil, el antecedente de juicio político que ahora ronda a Dilma Rousseff es el que obligó a renunciar al millonario neoliberal Fernando Collor, por la financiación ilegal de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Larga lista El propio Collor es, además, una prueba actual de que las denuncias de corrupción no jaquean sólo a Dilma y a la dirigencia del Partido de los Trabajadores (PT). El escándalo por Petrobras también lo salpica a él, quien en 2006 regresó de forma sigilosa a la política convocado disimuladamente por Lula para engrosar la coalic ión gubernamental. En Brasil, no sólo el PT tiene dirigentes procesados y presos. Hay una larga lista con caciques de la derecha y poderosísimos empresarios.En Centroamérica, los gobiernos más jaqueados por denuncias, procesamientos y ofensivas periodísticas no son populistas de centroizquierda, sino conservadores.A diferencia de Amado Boudou, Roxana Baldetti decidió renunciar a la vicepresidencia de Guatemala, al estar acosada por la prensa y la Justicia. Por lo mismo, tambalea el presidente derechista Otto Pérez Molina. Y en Honduras, la prensa refleja (y hasta incita) las marchas que reclaman una "comisión de ONU contra la impunidad", exigiendo además la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, del mismo partido conservador de su antecesor Porfirio Lobo.En el resto del mundo, también hay ejemplos que refutan el argumento de Cristina para conjurar los efectos de las denuncias.Por caso, Alemania, donde Justicia y prensa hicieron que cayera, por financiación ilegal de campañas, Helmut Kohl, cuyo gobierno conservador ostentaba nada menos que la reunificación del país. Y aun con su poderosa correligionaria Angela Merkel en la jefatura de gobierno, Christian Wulff debió dejar la presidencia y deambular por tribunales por una acusación que en Argentina no llegaría a la portada de un solo diario: haber obtenido un crédito en condiciones ventajosas.En rigor, el argumento de que a los candidatos y gobiernos populistas los bombardean con denuncias de corrupción "la derecha" y los medios hegemónicos se desmiente en la propia Argentina, donde candidaturas liberales y de centroderecha –como la de Enrique Olivera para el gobierno porteño y la de Francisco de Narváez para el Congreso– fueron bombardeadas con falsas denuncias urdidas en el Gobierno nacional.También lo desmiente una detención que, dado el momento en el que ocurre, parece una venganza por la situación de Fernández: la del yerno de Héctor "Toty" Flores, el candidato a vicepresidente de Elisa Carrió, archienemiga del jefe de Gabinete que colaboró con el informe de Lanata.El otro flanco débil de la teoría de la conspiración está en el propio Aníbal Fernández: la sospecha de vínculos con el narcotráfico no le cayó el último domingo, en el programa televisivo Periodismo para Todos . Esa sombra lo acompaña desde que era intendente de Quilmes.Si nunca se la pudo sacar fue porque siempre ocupó cargos y posiciones que resultan estratégicos para el narcotráfico, tomando decisiones que acrecentaron las dudas, en lugar de conjurarlas.Si el furibundo Aníbal hubiera podido apuntar con más margen político el dedo acusador que apuntó sólo a Julián Domínguez, hubiese apuntado hacia La Plata. Y también hacia la Iglesia Católica.