Una estafa a la educación pública y a la docencia
Las arcas provinciales alcanzan largamente para otorgar el aumento presupuestario y salarial que estamos pidiendo.
El reclamo presupuestario de la docencia cordobesa no se tomó vacaciones. Desde el 15 de enero, maestros y profesores reclamamos mejoras salariales y presupuestarias. El Gobierno provincial tuvo 45 días para resolver un conflicto que hoy cuestiona lo que debería ser un comienzo de año lectivo normal.
El origen del conflicto es antiguo y se reedita ante cada paritaria. Está relacionado con años de políticas de ahogo presupuestario a la educación, con las malas condiciones en las que debemos trabajar los docentes y, fundamentalmente, con un salario que se encuentra por debajo de la canasta familiar.
A este tira y afloje entre los docentes que defendemos el derecho a educar en condiciones dignas y el Gobierno que, tijera en mano, pretende evitarlo, este año se agregó un elemento nuevo: los docentes nos sentimos estafados por el fraude que orquestó la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), e indignados por la represión que sufrimos por exigir pacíficamente que se respete la decisión de la docencia.
Fueron miles las asambleas escolares que discutieron la oferta realizada por el Gobierno provincial. Esta fue rechazada de modo masivo: los departamentos que así lo hicieron agrupan a unos 30 mil afiliados y los que votaron por aceptar la propuesta suman apenas nueve mil afiliados.
A causa del cada vez más cuestionado estatuto de UEPC, esta abultada diferencia se traduce distorsionadamente a los 124 delegados departamentales, encargados de definir estas cuestiones. A pesar de esto, la posición de rechazar reunía más delegados y debía imponerse en la asamblea.
En condiciones de normalidad, hubiera sucedido eso; sin embargo, siguiendo las indicaciones de Juan Monserrat, los delegados de la oficialista lista Celeste cambiaron su voto, traicionando el mandato de sus colegas. De esta forma, muchos que representaban a departamentos que exigían rechazar la propuesta votaron a favor de aceptarla.
La militarización de la Casa del Docente y la decisión de hacer la asamblea a puertas cerradas anunciaba el nerviosismo de la conducción celeste. Cuando la Policía la emprendió a golpes y disparos de gas pimienta contra los docentes que nos convocamos en la puerta de la asamblea a la espera de la definición, nos dimos cuenta de que nos habían estafado.
Los hechos ocurridos en la asamblea provincial ponen nuevamente en el centro del debate el modelo sindical burocrático, adicto a los acuerdos de cúpulas y propensos siempre a violentar la voluntad de la base de sus gremios.
Al quedar los mecanismos de “decisión” al desnudo, el reclamo de unidad de la oposición para desbancar a la conducción histórica de la UEPC no hace más que crecer, como lo expresó la masiva movilización de cinco mil docentes que repudió días atrás la estafa y la represión.
Más presupuesto y menos represión
En un país donde el ministro de Educación percibe un salario bruto de 53 mil pesos y la Presidenta, de casi 100 mil, que un maestro no alcance a cubrir la canasta familiar debería ser, por lo menos, ofensivo.
La exigencia de mejora presupuestaria, edilicia, salarial o de condiciones de trabajo no es motivada por el corporativismo. Al contrario, nos impulsa la desesperante sensación de que la educación ha sido abandonada y que es imperioso torcer las decisiones que intentan llevar a la escuela pública a un callejón sin salida.
Somos los docentes, junto a los padres y estudiantes, los más interesados en desandar este camino de abandono por el que deambula la educación. Quieren enfrentarnos justamente para vencer este último obstáculo.
Hace años que es la educación privada la que educa a los hijos de funcionarios y sindicalistas. Difícil es no ver con simpatía las iniciativas que proponen la obligatoriedad de que los funcionarios políticos deban enviar a sus hijos a la escuela pública. Tal vez así se preocuparían un poco más por su suerte.
Los denominados “docentes taxi”, que deben correr de una escuela a la otra para conseguir un salario que les permita a duras penas subsistir, son el símbolo de lo que denunciamos.
La calidad educativa se ve resentida si debemos educar en aulas de chapa o que se caen a pedazos y desbordan de estudiantes, si no tenemos posibilidad de capacitarnos o si no se nos asiste a la hora de hacer frente a la creciente violencia y crisis social que se expresa con total contundencia en nuestras aulas.
La educación de calidad se desvanece cuando el Gobierno provincial desprecia una variable fundamental de la calidad educativa, como lo es el salario docente.
El gobernador José Manuel de la Sota promociona en su campaña presidencial el boleto educativo; es lógico que se centre en eso, ya que nada ganaría difundiendo el estado lamentable en el que se encuentra el final del viaje: la escuela pública.
El acuerdo no garantiza nada
De los actores involucrados, hemos sido los docentes los que más esfuerzos hicimos por no afectar el comienzo de clases de nuestros estudiantes. Les hemos robado horas incluso a nuestras propias vacaciones para reunirnos, protestar y discutir posibles soluciones.
Una vez más, ha sido el Gobierno el que ha incentivado el conflicto dejando que lleguemos a esta situación. Es justamente el fraudulento acuerdo firmado con la cúpula de nuestro gremio el que no garantiza un año sin pérdida de días de clases.
Mientras De la Sota gasta cifras siderales en su campaña electoral, nos explican que no hay más fondos para mejorar la oferta. Esto no es cierto. Lo que no hay es decisión política de invertir en la educación de nuestros hijos.
Las arcas provinciales alcanzan largamente para otorgar el aumento presupuestario y salarial que estamos pidiendo. Si no se quisieran utilizar esos fondos, con sólo derogar las exenciones impositivas de las que gozan los grandes empresarios de nuestra provincia alcanzaría también.
Y si aun así objetara el Gobierno complicaciones, se debería avanzar en cobrar fuertes impuestos a las grandes fortunas y a las grandes extensiones de tierra. Que, vale la pena recordarlo, han sido amasadas con años de trabajo de los padres de nuestros estudiantes.
El Gobierno y los sindicalistas burocráticos han defraudado una vez más a la sociedad y ahora pretenden enfrentarnos a docentes con padres, porque saben que sólo de nuestro trabajo conjunto puede surgir la fuerza necesaria para poner en pie la educación de calidad a la que aspiramos y por la que luchamos todos los días en el aula y también en la calle.
Pedimos su acompañamiento y el de toda la sociedad para fortalecer el reclamo por una educación de calidad y la exigencia de la realización de una nueva asamblea en la que los mandatos sean respetados y la voz de los docentes, escuchada.
*Delegada escolar del Ipem 336, referente de la oposición en UEPC y candidata a legisladora por el MST Nueva Izquierda
