Una brecha cada vez más grande

Para millones de argentinos, ponerle el hombro al país y gozar de una vida material digna significa la obligación de soportar múltiples avatares diarios, impuestos por un sistema donde todo lo que se consigue es con base en inmensos sacrificios. Dicho sea de paso, el infructuoso intento de estirar los sueldos para llegar a fin de mes es una dramática rutina experimentada por jubilados, maestras, médicos de hospitales públicos o trabajadores independientes, para citar sólo algunos de los tradicionales exponentes de la sufrida sociedad.Según sus declaraciones juradas, o los simples hechos observados todos los días, la gran mayoría de hombres y mujeres que transitan por los más encumbrados rincones del ambiente político están a una generosa distancia de las angustias de sus compatriotas.Su imperecedera pertenencia al virtuoso círculo de los asuntos públicos, la holgada situación económica y patrimonial que exhiben y el acceso a privilegios que el común de la gente ni sueña, hacen de los dirigentes y funcionarios políticos, casi sin distinción de colores, una clase social aparte.Sin dudas, la cuestión material –o, si se quiere, el estilo de vida– es el principal parámetro para medir la enorme brecha entre "representantes" y "representados". O al menos es el dato que hace tomar conciencia al ciudadano común de que la actividad política es la apuesta más segura para el progreso individual. Pero ese fenómeno tiene otras aristas que no se deben ignorar.Tampoco se debe desconocer, para consuelo de los argentinos, que no hay país ni sistema político donde esa brecha no aparezca (en mayor o menor medida), situación que reactualiza de forma permanente la "teoría del elitismo" sostenida por el conservador italiano Gaetano Mosca a comienzos del siglo 20.Según esa teoría, la distancia entre las entidades a las que define como "dirigentes" y "dirigidos" se explica a partir de la existencia de una minoría de personas que monopolizan el poder, constituyendo una verdadera clase social organizada y dominante: la "clase política".

En 2010, apareció en España el partido Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), que se reivindica como heredero de la vieja Unión de Centro Democrático liderada en la década de 1970 por Adolfo Suárez.

La agrupación se adjudica la representación de los españoles hastiados de las prácticas de la derecha y la izquierda que se alternan en el gobierno.

En la web de CCD aparece el “Decálogo anticorrupción y contra los privilegios políticos”, algunos de cuyos puntos vale la pena exponer, para contribuir un poco más al consuelo de los ciudadanos argentinos.

En primer término, se plantea la “desprofesionalización de la política”, al considerar que esa actividad “se convirtió para muchos en una forma de vida” que los lleva a transcurrir casi toda su existencia pasando de un cargo a otro.

Para CCD, la política no debe ser una actividad con ánimo de lucro permanente, sino un servicio público con vocación y un límite de tiempo que contemple un máximo de ocho años.

Otra propuesta es poner fin a los privilegios políticos, como “los coches oficiales de precios desorbitados” y el número ilimitado de “secretarias, cargos de confianza y de libre disposición”.

El fundamento es contundente: “No se puede permitir que el político aproveche su cargo para acomodar a sus allegados, con el fin de enriquecerse él y su entorno y crear una trama de intereses y estómagos agradecidos que lo ayudarán a permanecer en el cargo”.

El decálogo en cuestión también expresa la “rotunda oposición a que los políticos cobren mucho una vez jubilados, con menos años trabajados”.

Otro punto es la reforma del Código Penal, “para que los gestores públicos sean responsables, con su patrimonio personal y familiar, del despilfarro público”.

Jaime Osorio, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, achaca al neoliberalismo la exacerbación de la corrupción, el vaciamiento ideológico de los partidos y “el ensanchamiento como nunca antes” de la “natural separación” entre representantes y representados.

Pero ese molde tampoco fue roto por gobiernos progresistas, o los que se ven al espejo como tales aunque representan formas vulgares de populismo.

Osorio destaca que “la ausencia de mecanismos reales de control cotidiano de la ciudadanía permite que sus representantes operen con creciente autonomía y que sus intereses, en tanto conglomerado social particular, ganen posiciones y terminen siendo privilegiados en un quehacer cuasi estamental”. Tal vez por eso la gente, ante el peso de las evidencias, parece totalmente resignada.

“En América latina, la pequeña burguesía constituye la base social en la cual se recluta al personal que ocupa los altos cargos, tanto del Estado como de los partidos políticos”, a la vez que sus ingresos “son iguales o superiores a los de los países más desarrollados”, afirma el sociólogo.

También reconoce que, junto a los “tecnócratas” o “expertos”, están los que no alcanzan esa calificación pero hacen de su educación “un camino para el ascenso social y el mantenimiento de prerrogativas de clase”, como por ejemplo los dirigentes estudiantiles.

Osorio interpreta que el debilitamiento ideológico facilitó el desplazamiento de miembros de la clase política entre diversas organizaciones y su acomodo bajo cualquier bandera ideológica.

Un buen ejemplo de ese fenómeno es la facilidad con la que muchos dirigentes enrolados en el peronismo pasan de la derecha a la izquierda y viceversa, sin que se les mueva un pelo.

Quizá en la Argentina de la “década ganada”

el modus operandi

de la clase política llevó los fundamentos de la teoría del elitismo a su versión más extrema.

Será por eso que, de este lado del río, parece un espejismo ver al presidente uruguayo José “Pepe” Mujica protagonizar un estilo de vida similar al de cualquier ciudadano común.

* Periodista, investigador adscripto en el Programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados