Una batalla decisiva para definir rumbos

Una buena parte de la dirigencia política, económica y social del país ha entendido que las reformas que quiere imponer el gobierno de Cristina Fernández, bajo la falacia de democratizar la Justicia, no son otra cosa que un nuevo avance autoritario contra el funcionamiento equilibrado de los poderes democráticos.

Los objetivos serían al menos dos: eliminar los obstáculos al poder absoluto del Ejecutivo para, entre otras cosas, perpetuarse más allá de los términos constitucionales, y garantizar impunidad para quienes administran el Estado y han cometido y cometen actos de corrupción.

Ese avance del oficialismo basado en su hegemonía política fue un proceso secuencial, del que se pueden dar ejemplos bien conocidos. El enfrentamiento con el sector agropecuario, la persecución a los medios de comunicación independientes para reemplazarlos por un aparato de propaganda adicto, la división de las centrales de trabajadores y la domesticación del Parlamento son sólo algunos. En ese camino, por cierto, es clave dominar a la Justicia.

¿Qué es el autoritarismo si no una ausencia de límites? Los viejos manuales de teoría política decían que el objetivo de los golpes de Estado no era tanto el derrocamiento de determinado gobierno como la fundación de un nuevo orden. Se buscaba imponer una nueva normatividad y normalidad mediante procedimientos propios de una “lógica de la guerra”: la aniquilación del adversario y la abolición de las diferencias. ¿La democracia de hoy admite una idea similar?

Es ahora. La orden presidencial de apurar la aprobación legislativa de la reforma judicial se inscribe en esa concepción del poder. El tiempo y la oportunidad de dar las batallas siempre han sido un valor fundamental para el Gobierno y no es casual el apresuramiento. En la Casa Rosada, admiten que había que hacerlo así para cortar el impacto negativo que tenía en los sectores populares la difusión intensiva de los efectos trágicos que causaron las inundaciones.

Esos voceros, que hablan en la más estricta reserva, también cuentan que se evaluó la inminencia de la aparición del fallo de la Cámara Civil y Comercial que –se especula– dirá que los dos artículos de la ley de medios objetados por el Grupo Clarín no son constitucionales. Eso provocará la inmediata apelación del Gobierno y el pase de la causa a la Corte Suprema de Justicia, como última instancia.

Justamente, la imposición de la reforma judicial, sin admitir cambios ni buscar mínimos consensos, apunta a notificar a la Corte que la Presidenta está dispuesta a todo, incluida la decisión de retirarle el manejo administrativo del Poder Judicial. Esto molestó a la mayoría de los jueces supremos, porque se sienten ahora conminados a pronunciarse en un marco de presiones que los altera.

En este clima de conflicto entre poderes, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, soportó con un estoicismo que le reconocieron sus colegas la exposición de Cristina cuando anunció el envío de los proyectos al Parlamento, y se abstuvo de hacer comentarios que luego podrían ser motivo de una recusación si el cuerpo decide poner un límite y considera a algunas de esas leyes como inconstitucionales.

Pero hubo un concepto de Lorenzetti que tranquilizó a muchos y a la vez fue una advertencia para el Gobierno: “La Corte va a defender la Constitución”, dijo. Información fidedigna que se pudo recoger en el cuarto piso de Tribunales señala que al menos cinco de los siete miembros de la Corte estarían decididos con firmeza a ejercer esa defensa, y no sólo en lo discursivo.

Los temores. Hay otras dos cuestiones que el Gobierno consideró para dar en este y no en otro momento la batalla contra la Justicia. Una fue el temor a que, pasadas las primeras semanas de su pontificado, el papa Francisco comience a operar de modo más intenso sobre la realidad argentina. Los funcionarios conocen que hay correos que van y vienen entre Buenos Aires y el Vaticano y que la distensión que existe con la máxima jerarquía eclesiástica lejos está de ser una reconciliación. El otro motivo es la proximidad de la protesta anunciada para el jueves próximo, a modo de marcha y cacerolazo. Para ese día, el Gobierno espera contar con la media sanción de las leyes.

En este cuadro, resta nada menos que saber en qué proporción los ciudadanos comunes, a quienes aquejan realidades personales y problemas cotidianos mucho más directos, tienen una percepción similar de lo que ocurre en los círculos de poder y están dispuestos a expresarse. En estas instancias, defender valores suele ser también un ejercicio de defensa personal.