Una alianza que no prescribe

La corrupción tiene un elevado costo en la formación moral de un pueblo, pues se propaga como una negra marea que arrasa principios básicos de toda sociedad organizada. Destruye desde la solidaridad hasta el derecho fundamental del ciudadano de acceder a una vida digna.

Los signos exteriores de prácticas corruptas son ciertamente los alardes de crecimiento económico injustificado. Vivimos en una sociedad cuya lenidad induce a insultantes disfrute y exhibición de riqueza malhabida. La corrupción estructural se permite otra exhibición: la de millones de desempleados, millones de subempleados, millones de marginados de los bienes de la educación, de la cultura, de la salud, de la seguridad públicas, consecuencias nefastas de un delictivo sistema de "distribución de la riqueza" (estereotipo esmerilado por el discurso, hasta vaciarlo de contenido).

Ni hablar de las comunidades aborígenes, condenadas a una lenta extinción que, reconózcase de una vez, es un verdadero y cruel genocidio. Y hay otro genocidio en marcha: el de la clase pasiva.

Estructural. Pero los signos exteriores no son los únicos que emergen de la corrupción que engangrena a la vida nacional, en la cual todo tiene precio y nada tiene valor, entendido esto como axiología ética. Porque existe otro signo que suele frecuentar los estudios de los analistas económicos, pero tiene una difusión masiva comparativamente menor que el indicador de inflación, por ejemplo. Se trata del precio que impone a la comunidad nacional la corrupción estructural. Cuando se saquea el Estado, quien paga en realidad es la sociedad, de la cual queda autoexcluida, por cierto, la élite que integra el perverso sistema.

En la actualidad, son investigadas al menos 416 causas graves de corrupción, por un monto total de 8.467 millones de pesos, que equivalen a los presupuestos anuales conjuntos de Educación, Justicia y Salud y Acción Social de la Nación.

Súmense a ello los escandalosos sobreprecios que se pagan en los órdenes provinciales y municipales -que sólo son denunciados por los perdedores de licitaciones y concursos de precios-, pero rara vez terminan en la cárcel los funcionarios y empresarios que perpetran esas maniobras. Cuando se trata de corrupción, en la Argentina siempre sobran las evidencias, pero nunca se encuentran las pruebas.

El menemismo, que ingresará en la historia como uno de los períodos constitucionales más estragados por la corrupción, usó ad náuseam el principio constitucional de que nadie es culpable hasta que la Justicia demuestre lo contrario. El problema es que la administración de Justicia se había transformado en una especie de dependencia del Ejecutivo, que lo fue hasta que Néstor Kirchner saneó la Corte Suprema extirpándole la mayoría automática. Plausible decisión, de la que ahora parece estar arrepentido, luego de sus clamorosos negociados con tierras fiscales de El Calafate y los sobreprecios pagados por obras públicas, en especial en Santa Cruz.

De todos modos, queda para los corruptos investigados la bala de plata de la ley 25.990, que el entonces presidente Néstor Kirchner hizo aprobar el 18 de agosto de 2004 por la Cámara de Diputados por su propia mayoría automática, sobre tablas y a libro cerrado. La Cámara de Senadores de la Nación repitió la faena el 16 de diciembre de ese año y Kirchner la promulgó, con llamativa celeridad, el 10 de enero de 2005. En el primer año de aplicación de la ley, fueron cerradas por prescripción 283 causas, entre ellas las quiebras fraudulentas del Banco del Oeste (100 millones pesos/dólares), Banco de Italia y Río de la Plata (100 millones de pesos/dólares) y coima pagada en la causa IBM-Banco Provincia de Santa Fe (28 millones de dólares), entre muchas otras.

Desde la ley Kirchner de prescripción, ya no interesa que siempre abunden las evidencias de enriquecimiento ilícito y nunca se encuentren las pruebas: basta con contratar los servicios de un buen estudio especializado en Derecho Comercial, que domine el arte de hacer vencer los términos... y la prescripción se dará por añadidura. Aunque existan la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, el acceso a la información pública establecido por el decreto 1.172/03 y las solemnes adhesiones a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y cuanto organismo multilateral similar se cree en el futuro.

Cuanto mayor sea el número de organismos dedicados a combatir la corrupción, tanto más prósperos serán los corruptos, aunque de vez en cuando sea "entregado" a la Justicia alguno que, en su adicción a los sobres bajo la mesa, haya quedado fuera de la cobertura de la alianza político-empresaria.