Un triunfo político

La ley que promulgó el miércoles último el presidente de los Estados Unidos representa un giro copernicano en la política de salud pública (mejor dicho, ausencia de política) en la superpotencia occidental. Sin embargo, el texto definitivo aún merece un tratamiento parcial por parte de la Cámara de Representantes, luego de que el Senado le introdujera leves cambios. Los "representantes" (Cámara de Diputados en la Argentina) aprobaron este proyecto fundamental por 220 votos a favor y 211 en contra. Con todo, el camino que condujo a la victoria política del demócrata Barack Obama fue trazado por otros presidentes de ese partido que no lograron vencer a grupos internos menos proclives a dar solución al tema. Los demócratas Franklin D. Roosevelt (presidente entre 1933 y 1945), Harry S. Truman (1945-1953) y John F. Kennedy (1961-1963) nunca pudieron vencer la oposición de los sectores conservadores, defensores del gran capital. Fue el aparentemente rudimentario Lyndon B. Johnson (1963/1969), el político con mayor dominio de la negociación parlamentaria, quien logró sacar adelante los programas Medicare (1965, asistencia para mayores de 65 años) y Medicaid (para embarazadas, niños y adolescentes), pero naufragó cuando intentó extender la cobertura a los millones de adultos económicamente sumergidos. Lo acusaron de querer destruir a los Estados Unidos.

Reacción conservadora. Tampoco tuvo suerte Bill Clinton (1993/2001). Nuevamente, republicanos y demócratas conservadores se unieron para denunciar lo que consideraron siniestro proyecto de sepultar la tradición liberal del país. Porque la política estadounidense alberga, como la de cualquier otro país, notables contradicciones. En el tema de la salud pública, han coincidido casi siempre ultraconservadores, conservadores y liberales. La actitud negativa de los liberales no debe sorprender, porque se basa sobre el principio de que cada ciudadano debe trabajar y velar por su propio bienestar y que la recaudación impositiva no puede ser aplicada, en modo alguno, a programas de salud. Si el ciudadano no puede costear una medicina prepaga, que acuda a esas fundaciones y entidades solidarias que se financian con aportes privados voluntarios. El camino que siguió Obama fue trazado por republicanos reaccionarios, como Richard Nixon (1969/1974), cuyo proyecto fue rechazado por los congresistas del propio Partido Republicano. Uno de los opositores fundamentales a su iniciativa fue Edward Kennedy (demócrata), quien se arrepintió luego durante décadas, tanto que su proyecto recogió las líneas fundamentales de Nixon y el actual presidente las hizo suyas, aggiornamento mediante. Barack Obama obtuvo un triunfo político antes que gubernamental, porque su sistema recién entrará en vigencia plena en 2014. Un triunfo legislativo que se produjo aun cuando las encuestas de opinión revelaban que el 60 por ciento de la población se opone a esta ley. Por lo demás, la universalidad queda en suspenso también hasta 2014 y no será completa, porque de los 46 millones de personas que hoy carecen hasta de una asistencia mínima, 32 millones la obtendrán recién dentro de cuatro años, cuando las reformas fiscales provean los recursos para afrontar los siderales costos; los otros 14 millones -en su casi totalidad, inmigrantes irregulares- no tendrán derecho alguno a ingresar en este sistema.

El negocio de la salud. Además, en 11 estados de la Unión se abrió otro frente: los republicanos apelaron la medida por considerarla anticonstitucional, ya que el poder central quedaría autorizado a vulnerar el sistema federal, cercenando las soberanías estaduales. Pero el enemigo más poderoso es el lobby de las gigantescas corporaciones de seguros médicos, que poseen una larga historia de victorias, aunque la ley Obama mantenga prácticamente intactos sus negocios. De hecho, un volumen importante del gasto estará destinado a subsidiar el pago de las afiliaciones a las prepagas (que cuestan 10 mil dólares anuales, en promedio, para una familia tipo). Esas corporaciones procurarán también de la Corte Suprema la declaración de anticonstitucionalidad, porque a partir de 2014 quedarán obligadas a asistir a los enfermos de menores recursos y les estará prohibido fijar un límite a los gastos médicos de sus afiliados, lo que, a su entender, contraviene el sagrado principio de la iniciativa privada. Para ellas, la salud debe seguir siendo un bien transable. La ley padecerá la ambigüedad que implica la ardua coexistencia de la intervención estatal y la iniciativa privada y, aunque es un importante progreso, queda aún una considerable distancia del sistema de salud de la Unión Europea, donde existe un único pagador: el Estado.