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Un problema del paradigma de gestión pública local

La cosificación del otro –es decir: aceptar al otro pero manteniendo la distancia– imposibilita la ­verdadera integración e impide la igualdad de oportunidades ­para todos y todas.

07 de agosto de 2015 a las 12:03 a. m.
Gabriela Estévez*
Un problema del paradigma de gestión pública local

El caso Laura Moyano, la joven trans que fue brutalmente asesina­da hace unos días en Villa Allende, volvió a sacudir a una sociedad en la que aún resuenan las consignas de la masiva marcha #NiUnaMenos. Y también de muchas otras manifestaciones que tienen por objeto visibilizar esta realidad que a diario los medios de comunicación cronican y que impávidos observamos, aunque parece existir una alarmante naturalización luego del estupor que causa la novedad. El contraste entre estos casos –que se repiten y multiplican en nuestra provincia– y los grandes avances consolidados en leyes a nivel país deja en evidencia la carencia de liderazgo y decisión política para atacar la problemática de la violencia de género en Córdoba.Las sociedades progresan. Las leyes también. A veces progresan de la mano, pero la mayoría de las veces son unas las que empujan a las otras; sociedad y leyes se van dotando de fuerza y materialidad de forma recíproca. En todo caso, ese debe ser el objetivo de la gestión política, ya que ambos planos se encuentran disociados.Por lo general, la ley se va adecuando a los progresos de la sociedad, pero hay casos en los que la ley, virtud de una buena lectura de la dirigencia respecto de la realidad, genera legislación más progresiva que la que pudiera ob­servarse en ciertas prácticas, determinados sectores o en alguno de los múltiples discursos que atraviesan una ­sociedad.Es ahí, en esa distancia, donde el liderazgo político debe funcionar como articulador para generar espacios de encuentro y de diálogo capaces de incluir al otro, rompiendo con una lógica cosificante que señala y conserva esa segregación. Debe imperar una vocación inclusiva.La cosificación del otro –es decir: aceptar al otro pero manteniendo la ­distancia– imposibilita la verdadera integración e impide la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Trabajo conjunto

No se trata sólo de la adhesión a una 
ley, en este caso la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer, por poner un caso referido a la problemática de la violencia de género, sino también de involucrar a todos quienes de manera organizada o voluntariosa tienen intención de participar.

Los sectores que están hoy organizados, demandando y marchando en busca de respuestas y soluciones, pretenden transformarse en protagonistas. No pueden quedar fuera de la construcción de las herramientas de gestión concretas que hagan realidad la ley.

Son estos sectores los que pueden aportar el pragmatismo y la experiencia indispensable para que no se dé el desfase entre el plano jurídico y el plano real. Es allí donde se esperan funcionarios públicos atentos, abiertos a escuchar y con una vocación de construcción política, no en un sentido autorreferencial o individualista sino para erigirse como verdaderos representantes de esos intereses manifiestos.

Es necesario avanzar a nivel insti­tucional en Córdoba para consolidar 
los logros obtenidos a nivel nacional en 
la materia. La Ley Nacional de Identidad de Género, la Ley de Violencia Contra la Mujer, el matrimonio igualitario, la Ley contra la Trata de Personas y el aumento de penas para homicidios moti­vados por violencia de género, son sólo algunos ejemplos de lo mucho que se hizo en la Argentina de la última década.

Las estadísticas ponen a Córdoba entre las provincias más afectadas por este flagelo en 2014, sólo superada por la provincia de Salta.

En la cuestión de género, pese a existir un marco normativo, sigue imperando una forma, un hábito, que da cuenta de que tenemos que trabajar la ley desde los espacios de socialización, y eso no puede hacerse prescindiendo del otro y cosificándolo.

Ahí es el liderazgo político el que tiene que articular para que esos espacios, esas demandas, rompan el plano de segregación.

Esa visión integral, abierta e inclusiva de la gestión pública es la que permitirá que los “ellos” y “nosotros” –que reproducen las formas violentas a diario– comiencen a dejar menos vidas como saldo y a transformarse en el reconocimiento del otro, su aceptación y la convivencia efectiva y digna en todos los ámbitos de nuestras ciudades.

*Psicóloga, jefa regional de Anses Córdoba y precandidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria