Un Gobierno sin Estado

El Estado argentino recauda el 35 por ciento del producto interno bruto y gasta el 45 por ciento. Los empleados públicos son alrededor del 20 por ciento de la población económicamente activa, y quizá muchos más si se suman los informales. Son cifras comparables con las de Francia o los países escandinavos. Cualquiera diría que es un país con mucho Estado, sobre todo los contribuyentes, quienes deben pagarlo. Pero en la práctica el Estado brilla por su ausencia, incluso en aquellas esferas irrenunciables, como la educación, la salud o la seguridad, y también en la tarea de controlar a quienes se ocupan de gobernar. En cambio, el peso del actual Gobierno y su discrecionalidad son innegables. Lo testimonian las leyes de amplio espectro que facilitan su accionar, como la de Emergencia Económica, la de medios o la reciente de Abastecimiento. También se advierte en las prácticas informales de sus funcionarios.

La Argentina tiene hoy un Gobierno macrocefálico y arbitrario, que conduce un Estado fragmentado y licuado. ¿Qué es un Estado en países más normales que el nuestro? ¿Qué debe ser, más allá de lo que gasta y lo que recauda?

En lo esencial, es la organización institucional de la Nación: el gobierno de la ley, la igualdad de derechos, la certeza de los contratos, la previsibilidad.

Luego, el Estado son las agencias y dependencias con las cuales se ejerce la acción de gobierno. Cada oficina desarrolla especialidades, acumula saberes y organiza la tarea de funcionarios permanentes, expertos en lo suyo e imbuidos de una ética profesional de servicio.

El Estado son también los órganos de control de la acción de los gobernantes: las sindicaturas, auditorías y defensorías, y, en general, las normas de responsabilidad y de transparencia que permiten ejercer ese control a los ciudadanos.

Por último, parafraseando a Emile Durkheim, el Estado es el lugar donde la sociedad piensa sobre sí misma y su futuro, a través de un proceso de circulación de ideas e iniciativas que arranca en los funcionarios y políticos, circula por la sociedad y sus organizaciones, y retorna, refinado y consensuado para ser convertido en políticas estatales.

Todo eso existió en la Argentina, con sus más y sus menos, hasta hace unas cuatro décadas. Aquel Estado pudo encarar políticas de largo plazo, como la construcción del sistema educativo a fines del siglo XIX o de la red caminera en los años de 1930 y 1940.

Tuvo siempre una debilidad: la tendencia a la franquicia o a la prebenda sectorial, desde el sindicalismo organizado por Perón en 1945 hasta los regímenes de promoción industrial de los años 1960. Esto derivó en la gradual colonización del Estado y sus dependencias por los distintos grupos de interés, que presionaron a los gobernantes desde dentro mismo del Estado, lo maniataron y esterilizaron.

Sin embargo, este siguió funcionando razonablemente bien, según vemos las cosas hoy, hasta mediados de la década de 1970. Desde entonces, y a caballo de las ideas neoliberales del mundo y del autoritarismo autóctono, el Estado fue desgastado, degradado y finalmente desarticulado.

Contribuyeron todos los gobiernos, con la sola excepción del de Raúl Alfonsín, que no avanzó en ese sentido pero tampoco hizo nada para revertir el proceso.

El resto adhirió a la consigna “achicar el Estado es agrandar el gobierno”. Los militares impulsaron a dos bandas depredadoras –la “patria contratista” y la “financiera”– y sobre todo, con su acción terrorista clandestina, demolieron la normatividad y la ética burocrática. Carlos Menem hizo “cirugía mayor”, privatizó de manera desordenada, se preocupó poco por los mecanismos de control y avanzó tanto en la discrecionalidad presidencial como en la corrupción.

Todo esto se potencia durante la administración de los Kirchner, con algunas novedades. Una fue el pasaje de la prebenda y la coima tradicional a la organización de un verdadero sistema depredatorio, manejado por las autoridades políticas, que merece una denominación: “cleptocracia”. Otra, más sorprendente, fue presentar todo esto como una política estatista.

Por último, llevaron a su punto culminante la destrucción de todo aquello que en el Estado podía constituir una restricción al gobierno discrecional, desde el Indec, fuente de verdades indeseadas, a las sindicaturas, demasiado meticulosas con las rendiciones de cuentas. Sobre todo, apuntó a lo que hoy sigue siendo su objetivo principal: la Justicia, el único poder del Estado más o menos independiente de los resultados electorales.

Cada parte del Estado siguió funcionando, desarticulada de su andamiaje pero con las potencialidades intactas. En especial, el sistema de recaudación, que le permite a un gobierno discrecional controlar la mayor parte de los recursos, y usarlos para alimentar tanto el sistema cleptocrático como la máquina política productora de votos.

El resultado está a la vista: una pésima gestión, cuyos resultados explotan ante nosotros cada día, la destrucción de las agencias estatales y la dispersión de su personal experto, reemplazado por los militantes de La Cámpora.

Al próximo gobierno le espera una labor compleja, más allá de la primera y urgente de desarmar el intríngulis económico en que se ha metido el Gobierno actual. Comparada con otras, esta no es una tarea complicada, y sólo requiere de un buen equipo de expertos en reparaciones macroeconómicas.

Para emprendimientos de largo plazo –como los que demanda la educación o el mundo de la pobreza– necesitará reconstruir la herramienta estatal: recuperar sus cuadros, hoy diseminados y dispersos, volver a poner en pie agencias y dependencias, y restablecer los principios básicos de la ética burocrática.

Una tarea muy compleja, al cabo de la cual tendrá sentido preguntarse qué tipo de Estado necesita la Argentina, y también qué tipo de mercado, pues ambas cosas van juntas. Este es un debate presente hoy en todo el mundo desarrollado. Nosotros estamos lejos de poder empezar a discutirlo.