Un fenómeno global y local
Hay que implementar políticas inclusivas que actúen también como contención, y minimizar el desplazamiento de personas hacia actividades cuyo denominador común es la violencia.
Una política de seguridad debe, de modo inexorable, basarse en dos ejes principales: disuasión e inclusión. Apostar simplemente a la disuasión, como proponen algunos fanáticos del garrote, es un error propio de otros tiempos. Incrementar las penas e inundar las calles de tanques, aviones, móviles policiales e imponentes itacas no elimina de raíz el problema. La pena de muerte tampoco redujo los delitos en aquellos países donde se aplica. Esto obedece a que se trata de un fenómeno más complejo.Partiendo de la situación de que nadie tiene el privilegio de escoger dónde nacer, y que esta cuestión netamente azarosa condicionará sus oportunidades, es imperioso dejar de ver en la muerte de un delincuente la solución a la inseguridad. Una familia excluida del mercado laboral tendrá como objetivo prioritario su alimentación.Abraham Maslow planteó que las necesidades fisiológicas, como la alimentación, se sitúan en la base de una pirámide imaginaria y constituyen la prioridad de todo ser humano. Recién cuando se logren satisfacer estas necesidades básicas, se podrá aspirar a un nuevo objetivo de vida. Caso contrario, el instinto de supervivencia prevalecerá.Y en este escenario, descripto por Thomas Hobbes como estado de naturaleza –donde rige la ley del más fuerte–, es utópico o ridículo esperar racionalidad o apego a la ley.
Vulnerables
Un grupo social excluido del sistema se convierte en un grupo vulnerable, que no respetará los efectos buscados por una política de disuasión. Porque ver a un hijo llorar por hambre, por ejemplo, tal vez sea motivo suficiente para que sus padres decidan pasar por alto cualquier incremento de una pena o estar dispuestos a arriesgar sus propias vidas, aun teniendo que enfrentarse cara a cara con una balacera, para poder satisfacer la necesidad de alimentación de su familia.
En contextos donde la violencia es la
vedette
principal, es necesario enfatizar en la educación y en la generación de empleos que permitan a los sectores más vulnerables gambetear situaciones extremas mediante la inserción al sistema que, a veces, los condena a mirar la economía formal desde afuera.
En la provincia de Córdoba, el Paicor, el Plan Primer Paso, las acciones orientadas a insertar a víctimas de la trata y la violencia de género al mercado laboral formal, son significativas políticas sociales para combatir –o mitigar– la ola de inseguridad.
Pero esta tendencia delictiva no es monopolio de Argentina. En América, los homicidios violentos aumentaron un 7,9 por ciento entre 2000 y 2010, creciendo de 134 mil a 144,7 mil, respectivamente.
Ese incremento fue del 94 por ciento en América Central (pasó de 9.486 a 18.401 casos) y del 17,5 por ciento en América del Norte (México incluido), que pasó de 30 mil a 35,2 mil casos.
Datos preocupantes
La situación es distinta en Sudamérica. En el mismo período, las víctimas de homicidios bajaron un 5,8 por ciento, pasando de unos 91 mil a unos 85,5 mil episodios. La exhibición de estos indicadores sólo pretende contextualizar el fenómeno.
En un mapa de la violencia elaborado por el Ministerio de Justicia de Brasil, aparecen datos comparativamente positivos respecto de la realidad social argentina.
Según esta pesquisa, Argentina es el país de América latina donde se cometen menos crímenes por año, unos 4,3 casos cada 100 mil habitantes. Le siguen Uruguay, Cuba y Chile. Prácticamente en el otro extremo de la lista aparece El Salvador, con una tasa de 57,3 casos cada 100 mil habitantes.
En materia de robos, en cambio, la tasa nacional alcanza los 973 hechos dolosos cada 100 mil habitantes, prácticamente el doble que el promedio hemisférico de 456 dolos cada 100 mil habitantes.
La tasa de homicidios indicada por la Organización de Estados Americanos (OEA) prácticamente coincide con la que consta en un estudio elaborado por United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) en 2011, que la calcula en 5,5 homicidios cada 100 mil habitantes.
No obstante, la “sensación de inseguridad” parece marchar en otra dirección. Para explicar esta discrepancia, se hizo notar que las cifras oficiales argentinas no incluían a la provincia de Buenos Aires, lo cual hubiera elevado la tasa de homicidios. (Bartolomé, 2013).
La Estadística Criminal 2008, realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, indicaba que la tasa de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes colocaba a Argentina en el cuarto lugar en el hemisferio, sólo detrás de Chile (1,6 homicidios cada 100 mil habitantes), Canadá (1,83) y Estados Unidos (5,4).
Empero, esa misma estadística revelaba que nuestro país tenía el mayor porcentaje de victimización (27,47 por ciento), seguido por Chile (22,23 por ciento) y Uruguay (22,04 por ciento). Algunos consideran que cuanto mayor es la calidad de vida, mayor es la sensación de inseguridad. (Bartolomé, 2013).
Los datos expuestos confirman la necesidad de implementar políticas inclusivas que actúen también como contención, minimizando el desplazamiento de personas hacia actividades cuyo denominador común es la violencia. En síntesis, si no se profundiza la inclusión, la perspectiva es sombría.
*Analista político especializado en seguridad de la Universidad Nacional de Defensa de Washington. [email protected]
