Un cambio de rumbo que será inevitable

En sus expresiones públicas después de la muerte de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández ratificó la decisión inclaudicable de profundizar el modelo económico. El sostenido crecimiento del producto interno bruto (PIB), así como la disminución de la desocupación y por ende de la marginalidad, le otorgan el necesario respaldo para mantener sus convicciones. Con un gran idealismo, dijo –con orgullo– que la política logró someter a la economía. Sin embargo, este modelo, mal llamado "de inclusión social" arrastra falencias que perjudican a vastos sectores de la sociedad. Convivimos con el 40 por ciento de trabajo informal, una elevada desocupación e injusta marginalidad. Las permanentes intervenciones del Estado y los rasgos de inseguridad jurídica eliminaron la confianza de los empresarios a la hora de invertir. Asimismo, el preocupante flagelo de la inflación, en el orden del 30 por ciento anual, erosiona los cimientos de la sociedad y diluye el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por añadidura, con ella desaparece el poderoso estímulo de contar con el crédito a largo plazo, que es una formidable herramienta para potenciar nuestro crecimiento, logrando un desarrollo sustentable. A su vez, contamos con empresas estatizadas, anarquizadas y deficitarias, como es el caso de Aerolíneas Argentinas que pierde, según informaciones periodísticas, dos millones de dólares diarios. Existen, también, empresas de servicios públicos en manos privadas desfinanciadas, a raíz de los rígidos controles de tarifas, cuyas subsistencias dependen de los arbitrarios subsidios compensatorios. En síntesis, existe un sector privado desmotivado para realizar inversiones; un país colapsado por las insuficientes obras de infraestructura y una impostergable necesidad de mejorar la calidad de vida de la población. Esta realidad, disimulada por el discurso optimista del Gobierno nacional, termina confundiendo a una sociedad desprevenida y adormecida. ¿Aires de cambio? Los problemas descriptos, subestimados por el Gobierno, han aflorado a la superficie. La Presidenta, en las actuales circunstancias, nutrida quizá de una mayor sensibilidad política que la de su ex marido y liberada de sus presiones, podría haber comenzado a advertirlo. El nuevo intento de acordar con el Club de París, cuyas negociaciones formales comenzarán el próximo lunes; el distanciamiento que parece imprimirle a la relación con el sindicalista Hugo Moyano; el intento de acercamiento con empresarios en la búsqueda de inversiones que mitiguen los altos índices de precios y desempleo; las armónicas expresiones con los hombres de negocios en la reciente convención de la Unión Industrial Argentina (UIA); el sorpresivo reconocimiento sobre la inconveniencia de alentar un Estado empresarial y la posible intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reconstrucción de nuestros índices, indicarían la aparición de los primeros, como solapados cambios, que las circunstancias económicas le están exigiendo. Aunque faltan muchos obstáculos por sortear, entre los cuales la corrupción ocupa un lugar preponderante, la Presidenta alienta una esperanza impensada hasta hace sólo unas semanas. La profundización de este cambio, no del modelo, es casualmente lo que le evitará un suicidio político. No obstante, los antecedentes de esta gestión nos sugieren prudencia a la hora de cultivar esa esperanza. Los recursos que el sector agropecuario sigue aportando a las arcas públicas podrían permitir prolongar por algún tiempo más este cambio, que –en función de los fundamentos de la economía y de las reglas de mercado– será inevitable. Por último, un posible pacto social propiciado por el Gobierno nacional representa una concreta preocupación sobre los desajustes comentados, pero una terapia equivocada y de muy corto plazo, justificable sólo si es provisoria, mientras se corrigen las verdaderas causas de las distorsiones.