Surgen brisas de reforma laboral

A  los dirigentes de las centrales obreras argentinas les sobran motivos de preocupación. A la extensa recesión económica que destruye puestos de trabajo y aumenta la precariedad laboral, y a una inflación interanual que tocó un techo del 45 por ciento y erosionó los ajustes salariales de las paritarias se les suma la ofensiva del Gobierno nacional de realizar cambios en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país. Como una suave brisa, se manifestó como una expresión de deseo de los economistas cercanos al Gobierno, luego continuó con editoriales de los medios más importantes del país o se manifestó cuando el presidente Mauricio Macri les pidió a los trabajadores que no pongan "palos en la rueda".Esa suave brisa ha tomado fuerza en las palabras que viene pronunciando el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.Si bien los cambios propuestos evocan los proyectos de flexibilización laboral impulsados en la década de 1990 y durante el gobierno de Fernando de la Rúa, hoy están motivados por urgencias empresariales un tanto diferentes.El primer objetivo es cambiar las reglas de la negociación colectiva, para permitir los acuerdos particulares por empresa. Se conoce que la capacidad de negociación de los trabajadores depende en cierto punto de la unidad y organización que poseen. Dividir y atomizar esa capacidad de negociación es la forma de lograr acuerdos nuevos que dejen sin efecto viejas conquistas laborales.Otro objetivo, más ambicioso por cierto, es quitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación el poder de homologar los acuerdos paritarios. En la actualidad, dicho ministerio es la autoridad de aplicación que regula y controla las relaciones laborales.La facultad de homologación es una especie de poder de veto cuando un acuerdo no respeta las reglas de la negociación colectiva o intenta suscribir acuerdos que no cumplen el piso de derechos consagrados legalmente.Como lo intentaron con la llamada ley Banelco, también impulsan la extensión del período de prueba (que permite al empleador despedir sin indemnización); admitir la figura del contrato a plazo fijo flexible u otras formas de contratación que reduzcan a los trabajadores a meros insumos industriales sometidos al juego de la oferta y la demanda.Otra idea que ronda es crear una especie de plan de ahorro, pero no para adquirir un vehículo, sino para que el trabajador pueda cobrar la indemnización cuando es despedido. Se financiaría con aportes de los empresarios y de los trabajadores. Algo así como un "páguese usted mismo el despido".Lo que se pretende es reducir a porcentajes marginales el trabajo estable, para instaurar relaciones laborales con alta rotación y flexibilidad, con ínfimos costos indemnizatorios, con cargas sociales que soporte el Estado y sin ningún ámbito estatal que las controle.Pero esto no termina aquí. Algunos empresarios también pretenden que las acciones judiciales que tienen por origen accidentes de trabajo sean tramitadas por el fuero federal y no por los tribunales del trabajo, especializados en la materia. Con esto quieren procurarse impunidad para no tener que responder por los accidentes laborales.Lo que se busca, en definitiva, es retomar la tendencia de flexibilización en el mercado de trabajo iniciada en la década de 1990 y trasladar los riesgos empresariales a los trabajadores. De este modo, esto no es otra cosa que erosionar la protección en la regulación laboral.Si tenemos en cuenta que en la actualidad el 40 por ciento de los trabajadores están en calidad de "no registrados", permitir un marco jurídico que legalice la alta rotación se traducirá en una mayor precariedad. Precariedad que pretenden, a su vez, sea financiada por el Estado mediante la baja de aportes previsionales.Sostener el lema neoliberal que dice "mejor cualquier empleo que ningún empleo" es apostar a relaciones laborales asimétricas.Nuestra Constitución Nacional establece el principio protectorio en el artículo 14 bis, porque reconoce que el eslabón mas débil en la relación laboral es el trabajador, y por ello necesita protección. El proyecto que el Gobierno nacional está esbozando, mediante un uso tramposo del lenguaje y los conceptos jurídicos, pretende convertirlo en letra muerta.El protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones gremiales y sociales, deberá arbitrar los medios para que esta brisa pierda fuerza y no se transforme en un viento huracanado que introduzca la flexibilidad en el corazón de las relaciones laborales. * Abogado laboralista