Sobre retenciones y subsidios

Los problemas socioeconómicos son los más importantes y prioritarios que deberá abordar cualquier gobierno que resulte elegido el 23 de octubre próximo, que pretenda conducir el país a una mejor situación que la preexistente. En ese sentido, es ocioso e inconducente emitir juicios críticos y declaraciones ampulosas sin haber estudiado de manera debida las dificultades y realizar propuestas alternativas que apunten a corregir supuestas fallas o errores. Uno de los preferidos se refiere al remanido tema de las retenciones o derechos de exportación, que en especial los representantes del sector agropecuario fustigan en forma permanente. Su aplicación la consideran "injusta" y entienden que constituye un desproporcionado aporte al financiamiento del Estado central. Recordemos, en primer lugar, que su aplicación existe desde fines de la década de 1950. En algún momento, como sucedió el 13 de marzo de 1967, cuando el titular del Ministerio de Economía era Adalbert Krieger Vasena, llegaron a ser el principal recurso de la Tesorería de la Nación y no se pueden adjudicar a ese funcionario concepciones "estatistas". Todo lo contrario, era entonces uno de los mayores exponentes del ideario liberal.Descartado que su reiterado uso sea consecuencia de convicciones político-filosóficas, debe buscarse en otros aspectos el hecho de que, cualquiera sea la orientación de los gobernantes –salvo el desastroso interregno de la administración de Carlos Menem–, fueron siempre incluidas en los hechos. Y ello tiene una explicación: la necesidad de contar con un esquema de tipos de cambio múltiples para aplicar a las transacciones del comercio exterior (exportaciones e importaciones), pese a que para las del mercado interno rija una sola, cuya flotación está regulada por el Banco Central. Aun durante el gobierno del general Juan Perón existieron tres tipos de cambio oficiales bien diferenciados, según su destino, y el denominado "libre", que determinaba el mercado. Por éste se formalizaban las operaciones financieras y/o compras de divisas para atesoramiento o pago de deudas. El gobierno de la denominada Revolución Libertadora abolió ese esquema, liberó el tipo de cambio y ¡comenzó a aplicar las retenciones!Una alta proporción de los bienes exportables integra –en forma directa o indirecta– la denominada canasta familiar y las retenciones evitan que la demanda interna deba pagar los mayores precios que esos productos tienen fuera del país. Pese a ello, algunos políticos, que no manejan muy bien el tema pero quieren congraciarse con los sectores y votantes del campo, anuncian que las eliminarán de inmediato; los menos convencidos dicen que lo harán en forma progresiva. Una merma de recursos. Las retenciones aportaron al sector público alrededor de 48 mil millones de pesos en 2010 y es probable que lleguen a 65 mil millones en 2011, por lo que, junto con aquella promesa, deberían explicar cómo se absorbería semejante merma de recursos. Si pueden esquivar la fundamentación, suelen guardar silencio sobre el tema, pero cuando les reclaman que lo hagan, optan por confesar que derogarán los subsidios. En cuanto a los subsidios explícitos, que figuran como egresos en el presupuesto, ascendieron a 32.500 millones en el primer semestre, lo cual hace suponer que llegarán a fines de este año a una cifra muy semejante al ingreso por las retenciones que pretenden suprimir. Hasta aquí, desde el punto de vista aritmético, todo parece "cerrar". Lo que no se ha analizado son los efectos que generarán esos cambios en cuanto a la distribución del ingreso. Por un lado, algunos eslabones del "negocio agropecuario" –no todos– recibirían en sus arcas un aluvión de dólares que acrecentaría en alta medida su poderío actual; lo cual no es poco, pues nunca han tenido años tan favorables. Además, se estima que los precios internacionales seguirán en alza para los próximos años, lo cual mejorará los resultados. Las exportaciones de la cosecha 2010/2011 ascendieron a 27.500 millones de dólares, mientras se anuncia que treparán a 42.500 millones en la de 2011 (más por precios que por cantidades), con un inusitado incremento del 54,5 por ciento. Según los técnicos del Banco Mundial, esto seguirá, con iguales características, al menos hasta 2016.En cuanto a la remuneración de los factores, los cambios que se introduzcan impactarán de inmediato en la distribución del ingreso. En el caso de que haya un sector o franja que obtenga fuertes incrementos, ello se compensará mermando los de otros sectores, casi siempre los consumidores finales. Según datos del período enero-junio de este año, se destinaron 19.200 millones de pesos en subsidios para reducir los precios de la energía (en especial electricidad y adquisición de gas); 9.502,4 millones a los de los diversos medios de transporte y, en menor medida, se cubrió el déficit de las empresas públicas por 2.429,7 millones, mientras que agroalimentos y los sectores rural e industrial fueron destinatarios de subsidios por 1.489 millones.La eliminación de estas transferencias provocaría fuertes aumentos de los costos, que incidirán en los usuarios. No es cierto lo que se arguye –sin fundamento alguno– de que tales subsidios favorecen de manera mayoritaria "a los que pueden pagar" la energía, tanto por consumo directo o en carácter de insumo de la producción, y el transporte. Son, en abrumadora proporción, requerimientos esenciales del conjunto más careciente de la población.