Retomar una agenda integral para un problema que viene de lejos

Luego de los traumáticos episodios vividos en la ciudad de Córdoba con motivo del conflicto en el transporte urbano, es imperioso evaluar todos los aspectos vinculados y, como en toda crisis, extraer conclusiones que permitan no sólo superar el diferendo de forma coyuntural sino producir los cambios imprescindibles para lograr una mejor situación desde el punto de vista de los usuarios y de los contribuyentes.

Para abordar la temática, en primer lugar hay que reconocer que el sistema de transporte, en el mundo, posee una alta complejidad, lo que se traduce, asimismo, en un alto nivel de conflictividad.

Esto se agrava cuando, como en la Argentina, se exacerban mecanismos de discrecionalidad política y económica para fijar tarifas y subsidios a la actividad y cuando los mecanismos de asignación carecen de un procedimiento de aplicación automática y transparente.

Históricamente, la problemática del transporte ha sido abordada de manera corporativa, ignorando al usuario y a los contribuyentes. De esta forma, el llamado “sistema” se arma alrededor del poder concedente del servicio y es operado por las corporaciones empresarial y sindical que manejan dicho sistema.

Al ser un servicio público de alta sensibilidad social, el costo de esta forma operativa es muy peligroso, ya que existe la posibilidad de que tales corporaciones actúen buscando potenciar sus intereses sectoriales sobre el bien común.

Ahí es donde debe estar presente el Estado, en su rol de regulador y en defensa de los ciudadanos, y es allí donde debe legislarse para evitar conductas abusivas e inapropiadas.

¿Qué estamos diciendo con este razonamiento? Que la oportunidad de la inédita resolución del último conflicto del transporte en Córdoba (como bien lo definió en estas páginas la periodista Virginia Guevara) será desperdiciada si lo único que se pone en discusión es la esencialidad o no del servicio.

Agotar aquí la discusión será una expresión de deseos parcial que naufragará en el próximo conflicto serio que se presente. Por ello, es imprescindible retomar la agenda que se planteara en su oportunidad en la Legislatura provincial respecto de la necesidad de discutir, consensuar, elaborar y sancionar una nueva ley de transporte, ya no a nivel local sino nacional.

Por ambicioso que parezca el objetivo, no deja de tener la mayor urgencia y viabilidad, ya que permitirá poner sobre la mesa todos los problemas y soluciones vinculados al servicio del transporte de pasajeros, sea urbano o de media y larga distancia.

Para ello, la iniciativa debe contar con la participación de los actores que estén capacitados desde lo político y técnico, para diseñar un nuevo plexo legal para este servicio.

Así, podrán convocarse licitaciones públicas que atraigan a empresarios probos y dispuestos a competir asumiendo los riesgos que implica cualquier actividad económica.

Los trabajadores podrán tener definidos y reglados sus derechos y también sus obligaciones. El Estado podrá actuar como poder concedente licitando con transparencia y la mayor apertura posible. Las tarifas podrán definirse con los criterios económicos suficientes, dejando a la decisión política el aspecto social para determinar a quiénes es necesario asistir, en qué medida y cómo aplicarlo con la mayor automaticidad posible sin sufrir ningún tipo de menoscabo, no sólo en la rentabilidad empresaria sino en el ciudadano, que es quien lo paga.

De esta forma, estaremos garantizando un servicio eficiente y efectivo que resguarde los derechos inviolables de los usuarios y el respeto a quienes, con sus impuestos, aportan para le excelencia en los servicios públicos.

Esto es así en tanto y en cuanto se quiera producir un giro copernicano en el transporte de pasajeros. De lo contrario, sólo se convalidará el sistema para que funcione como viene haciéndolo.

El desafío es gestionar e introducir cambios, y para esto –en una industria sumamente conflictiva, a la que a veces le conviene más tratar de buscar un lobbista que consiga algún beneficio particular, sin pensar en el usuario– necesitamos un fuerte consenso político que abra el camino para la discusión parlamentaria de una nueva ley de transporte.

* Doctor en Ciencias Económicas, exministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba