Responsabilidad compartida

Se está viendo un nuevo embate sobre las empresas distribuidoras de energía que proveen el servicio en Buenos Aires. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, amenaza con quitar las licencias para operar. No obstante, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad debería auditar el funcionamiento de las empresas. Pero el verdadero problema es hacer que la prestación del servicio sea eficiente. Para ello son necesarias acciones conjuntas de gobierno y empresas. A las empresas hay que darles señales correctas para que desarrollen inversiones que, incluso, les generen rentabilidad. El Gobierno, por su parte, debe ser firme, pero no despótico. Debe reconocer errores y trabajar sobre sus soluciones. ¿Qué debe ser competencia de las empresas? Tener reglas claras, tarifas acordes con los costos de prestación, adecuada rentabilidad e inversiones. El Gobierno debe ser guardián de la eficiencia y velar por la universalización del servicio.Se puede argumentar que el sector energético estuvo subsidiado en estos últimos años. La respuesta es obvia: a nadie le gusta vivir de un subsidio, porque los riesgos de que se acaben los fondos que lo financian son muy grandes. Además, la continuidad del negocio no depende de las empresas y no se generan incentivos para mejorar. Por otro lado, los consumidores se crean una sensación de servicio barato que resulta difícil de erradicar y que, cuando se hacen los ajustes necesarios ("sinceramientos tarifarios"), son vistos como aumentos inafrontables.En síntesis, el Gobierno no puede dejar de actuar como regulador, y muy fuerte, con señales claras de que no caerá en inconsistencias temporales y procurando profesionalizar sus cuadros directivos y ejecutivos para lograr que las negociaciones tarifarias resulten técnicamente viables. Las empresas deberán responder en consecuencia. Responsabilidades compartidas, que le llaman.