Que cada cual pague su fiesta

Semanas atrás, este matutino informó del delicado estado financiero que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba, el cual se podría agravar a partir de diciembre de este año, fecha en la que finaliza el convenio de financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al régimen previsional cordobés. Los números son contundentes y reflejan que 1.245 millones de pesos es la suma que debería aportar el Tesoro provincial para cubrir el déficit de la Caja, sin el aporte que efectúa la Anses y las medidas tomadas en el marco de la ley de emergencia previsional. El tema del déficit no es nuevo. El por entonces gobernador Ramón Mestre, mediante el dictado del decreto 1.777/95, implementó un sistema de cálculo jubilatorio que produjo una disminución de los haberes de todos los pasivos de entre 12 y 18 por ciento. Ese decreto fue convalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, pero resultó fuertemente tachado de inconstitucional y violatorio de los principios republicanos, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2007. Sin margen de maniobra por la resolución del máximo tribunal y sin haber tomado las medidas de fondo para solucionar el déficit que generaría el pago de los haberes conforme a lo estipulado en la ley 8.024, el por entonces gobernador José Manuel de la Sota derogó sin más el decreto del radical. Emergencia previsional. Como consecuencia directa de esa medida populista, la Legislatura provincial se vio obligada en 2008 a aprobar, en medio de escandalosos actos de violencia aún sin responsables, la Ley de Emergencia Previsional. Ese instrumento dio un gran salto desde el punto de vista ideológico, al implementar un sistema mediante el cual se abona en efectivo el haber jubilatorio hasta un límite de 10.300 pesos y lo demás en bonos, mientras subsista la emergencia. Ese tope salarial es darle la posibilidad a los que menos tienen de seguir manteniendo un mínimo de dignidad, en contraposición de las medidas de la gestión de Ramón Mestre que recortaban a todos por igual.Pero como en un Estado de derecho la emergencia no puede prolongarse a perpetuidad, es necesario tomar partido en el asunto y proponer algunas medidas. Por caso, determinar el o los sectores de pasivos que producen el desequilibrio financiero de la totalidad del sistema y en ese sector proceder a aumentar los aportes de los activos o fijar un tope en los haberes de los pasivos. Éste es mi aporte al debate. Desde la Alemania de Otto von Bismarck, en la que aparecieron los primeros sistemas orgánicos para proteger las contingencias de la enfermedad, vejez o muerte, la sociedad asumió su responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Pero lejos está ese concepto de protección de ser aplicado para con los que perciben haberes que quintuplican el salario mínimo, vital y móvil, requiriendo fondos del Tesoro provincial o de la Anses para solventar el déficit, que en su mayoría se debe a los más de cuatro mil pesos que genera cada juez jubilado.Por eso digo que cada cual pague su fiesta y que no tenga que ser el conjunto de la sociedad la que resigne mejores servicios de educación y salud para sostener el nivel de vida de algunos pocos.