Prácticas autoritarias

En democracia, lo fundamental son los procedimientos y el marco valorativo establecido en la Carta Magna, como un margen infranqueable para la gestión gubernamental. En tal sentido, ningún poder puede salirse de los límites instituidos que definen los derechos y garantías ni cambiar los medios rigurosos asignados para las decisiones políticas, que aseguran los frenos y contrapesos reglados en la Constitución republicana vigente en la República Argentina.El actual gobierno nacional no lo entiende o no lo quiere entender. En las dos situaciones, es negativo. Son prácticas que caracterizan al movimiento justicialista, que ignora o libera los medios alegando los supremos fines que persigue. Fijamos nuestra posición: nunca los fines justifican los medios.Estos manejos autoritarios presentan como característica saliente que siempre vivimos un estado de excepción, rótulo que aprovechan para violar o interpretar las normas según su conveniencia y oportunidad política, destruyendo los pilares de la democracia: estabilidad, seguridad y examen permanente de la gestión pública.Resulta necesario reseñar por qué las leyes sobre el control del papel prensa y la modificación del Código Penal sobre actividades con finalidad terrorista son instrumentos peligrosos para el orden democrático. El lenguaje de la ley. El Congreso de la Nación y las legislaturas locales tienen a su cargo la elaboración y sanción de las leyes. Para desempeñar estas actividades, resulta indispensable utilizar palabras, sintagmas u oraciones que reflejan la voluntad del legislador; del pueblo, en definitiva. Estas normas jurídicas expresadas por medio del lenguaje escrito no pueden eludir las imprecisiones propias del lenguaje natural: ambigüedad (no se sabe bien a qué se refieren), vaguedad (incertidumbre sobre sus límites), textura abierta (admiten interpretaciones elásticas), utilización de palabras "huecas" (carecen de referencias fácticas).Ahora bien, si a estas dificultades propias del lenguaje corriente les sumamos intencionalidad maliciosa o incompetencia de los redactores, las dos leyes mencionadas han convalidado un instrumento canallesco, facultando a las autoridades de aplicación la total discrecionalidad para perseguir y acometer contra todo pensamiento, expresión o accionar político que no esté de acuerdo con la gestión gubernamental.Instalan la incertidumbre, porque no se sabe cuándo la conducta, las actividades o los comportamientos de alguna persona, grupos de personas o entidades privadas serán considerados por el Gobierno acciones que atentan contra el "interés público" o cometidos con "la finalidad de aterrorizar a la población"; de este modo, funcionan como instrumentos legales intimidatorios.En ambos casos, se manifiesta la ambigüedad, vaguedad y textura abierta de las prescripciones: "interés público" y "la finalidad de aterrorizar a la población". Es decir, en forma clara se delega el encuadramiento de estas conductas a la arbitrariedad e intereses del gobierno de turno. No es posible reconocer qué está prohibido y qué está permitido (artículo 19 de la Constitución Nacional)De hecho, son tantos los artículos de la Carta Magna que se violan que su mención y explicación requeriría un espacio que excede al de esta nota. Conclusión. Estimamos que el ciudadano común se encuentra indefenso frente a semejantes atropellos y teme recurrir al Poder Judicial, ya que percibe que hay algunos jueces amenazados, otros complacientes y posiblemente varios disciplinados con la billetera estatal. Tampoco confía en la Corte Suprema de Justicia, no por la dignidad de sus miembros, que han dado muestras de integridad, sino porque el Gobierno no acata determinados pronunciamientos adversos. Y, en democracia, esto es gravísimo."No se pueden desobedecer los fallos de la Corte Suprema" y el Gobierno contesta: "Nosotros estamos pudiendo"; y no hay forma de coaccionarlo, al menos en un país en donde Guillermo Moreno y sus asistentes hicieron estragos.El sistema democrático implica organizar el disenso y no silenciar a los que tienen otra perspectiva de la realidad. Esgrimir una sola verdad política, más que una práctica autoritaria es una gestión dictatorial. Lo grave es que meten miedo generando autocensura, por la sola posibilidad de aplicación de las leyes citadas.Para superar esta degradación, debemos cambiar hacia un modelo más cercano a la democracia directa, "prohibiendo toda forma de reelección: a la Presidencia, a los diputados y a los senadores; sólo pueden ocupar esos cargos una sola vez en su vida, extendiendo esta prohibición a las asociaciones profesionales, a las entidades autárquicas y a toda otra empresa pública en su nivel directivo. De esa manera, nos acercamos al ideal de la democracia, es decir, a la mayor participación ciudadana y al control republicano de la cosa pública".Tal como lo apunta Edgar Morin en Diálogos sobre la naturaleza humana "cuando se está en la cúspide del poder, un capricho puede tener consecuencias espantosas".