Obsesiones presidenciales: medios y periodismo

“Los pueblos somos a veces víctimas de los distintos medios de comunicación”, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, al brindar hace algunos días una clase magistral en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que le otorgó el título de profesor titular honorario de Estudios Sudamericanos y de Comunicación.

No es la primera vez, en la última década, que un presidente de la región asesta una crítica feroz hacia los medios de comunicación frente a un auditorio integrado nada menos que por jóvenes que se están formando para interpelar, el día de mañana, justamente al poder representado por esos mandatarios.

Es que la misma preocupación de Morales sobre los efectos políticos de la información periodística y la propiedad de los medios de comunicación se replica en los gobiernos de Ecuador, Venezuela y, por supuesto, de Argentina.

Es comprensible: todos practican un mismo discurso e idénticos métodos de ejercicio del poder, con una lógica del amigo-enemigo y una obsesión por las tapas de los diarios y los “zócalos” de los informativos de televisión, los cuales son el principal combustible de sus batallas cotidianas.

En las bases del pensamiento democrático, los medios periodísticos son entendidos como la herramienta fundamental para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información originada en los ámbitos del poder. Son parte del sistema de equilibrios, frenos y contrapesos que, de manera natural, caracteriza a los regímenes pluralistas.

A la largo de la historia, la mayoría de los gobiernos de países occidentales utilizaron diversos procedimientos desde el aparato estatal para intentar el control de los medios de comunicación, preocupados por la difusión de informaciones u opiniones que pudieran poner en cuestión la gestión de los asuntos públicos. La tensión, la desconfianza y, en no pocos casos, el conflicto fueron situaciones predominantes a causa de la dedicación mostrada por el poder político para acallar a los medios o para utilizarlos en beneficio propio.

Desde los tiempos de la Inquisición y la censura, se lograron grandes avances: de aquellas situaciones de sometimiento de la prensa a manos del poder político se pasó a una relación de relativo respeto y control mutuo. La incorporación de los medios como cuarto poder a los sistemas políticos democrático-liberales reforzó la teoría clásica del equilibrio de poderes.

El reconocimiento de libertades y derechos a partir de la consolidación del pensamiento democrático tuvo como base principios como el respeto de la ley, limitación y división de poderes, pluralismo y articulación de la vida pública a través del sistema de partidos y del sistema electoral.

En ese marco, los medios se convirtieron en actores fundamentales del sistema político, al facilitar el acceso de los ciudadanos a la información originada en las esferas de poder. Pero la persistencia de sesgos autoritarios en algunos sectores políticos supone que los medios son enemigos potenciales o declarados para la salud de los gobiernos. Aunque, como señala el académico uruguayo Héctor Borrat, “el ámbito de actuación de los medios no es la conquista del poder sino la influencia en los asuntos públicos”, esa situación es suficiente para incomodar a la dirigencia política, más aún cuando esa dirigencia está firmemente convencida de que el periodismo y los medios deben estar exclusivamente a su servicio.

Cuando el presidente Morales se muestra convencido de que los pueblos son víctimas de los medios (en alusión, sin dudas, a los que están bajo control de sectores que no responden al gobierno), surgen de inmediato varias preguntas. ¿Por qué no pensar que los pueblos pueden ser víctimas también de los medios alineados con el poder político? ¿Por qué no pensar que los pueblos son víctimas de los excesos de sus gobiernos, sean estos de izquierda o de derecha? ¿Por qué los medios que investigan la corrupción de los funcionarios públicos y tienen una actitud de control sobre el poder son, necesariamente, victimarios de los pueblos?

Para muchos gobiernos de la región, la democracia es un hecho instrumental, un medio para llegar al poder, pero no un credo alimentado por los cánones de los sistemas republicanos. En ese modelo, el sistema de medios imaginado por algunos presidentes parece incluir sólo a aquellos que están comprometidos con su causa; no hay espacio para los medios críticos. Ante semejante actitud radicalizada, la guerra se libra en todos los campos, incluso en el académico.

Como se dijo, un rasgo típico de la época han sido las arengas presidenciales contra los medios de comunicación privados frente a estudiantes de Comunicación Social. Una acción de adoctrinamiento que no incluye ningún párrafo en el cual se les inculque a los futuros periodistas que deben ventilar tanto las virtudes como las miserias del poder político, cualquiera sea el partido que gobierne, si es que realmente se pretende un periodismo que represente de manera genuina los intereses populares (muchas veces bastardeados por los propios funcionarios que acompañan esos mandatarios).

Es llamativo el afán demostrado por el poder político en la última década por instalar, a través de sus voceros en el ámbito académico y mediático, el concepto de “periodismo militante” entre los jóvenes comunicadores sociales, como si los periodistas tuvieran obligación de enarbolar un sentido de pertenencia hacia una determinada causa, que por lo general es identificada como “nacional y popular”.

El periodismo genuino, sin aditamentos, aquel que tiene como fundamento poner bajo la lupa la actuación de los hombres públicos más allá de su color político, debe estar libre de interferencias de cualquier tipo de poder, sea político o económico, para definir en libertad sus lineamientos y principios de acción.

El faccionalismo político en los medios remite a conceptos de principios del siglo 19, cuando el periodismo era sinónimo de propaganda partidaria. Desde aquella época hasta la fecha, transcurrieron más de 200 años.

*Periodista, investigador adscripto en el programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la UNC.