Nuevamente, Córdoba sin ellas

El último anuncio de la Policía de Córdoba que hace un llamado a 500 puestos de suboficiales exclusivamente para varones debe alarmarnos, pero no sorprendernos. Si se analizan las distintas medidas que ha tomado el gobierno de Unión por Córdoba, encontramos que, en realidad, existe una gran coherencia en las diversas políticas públicas provinciales, que devela el estancamiento y retroceso en materia de equidad de género.

En agosto del año pasado, se dio a conocer que una mujer aspirante a policía no podía estar embarazada. Tampoco se daba lugar a las personas transexuales, rengas, tartamudas, ni se podía tener el pene incapacitado.

Los derechos de las mujeres se vieron vulnerados en otros programas, como lo demuestra la ejecución presupuestaria de 2012, que mostró una escasa ejecución del programa Córdoba con Ellas: apenas el 42,03 por ciento al tercer trimestre. Asimismo, en el presupuesto provincial aprobado para este año se realizó un abrupto recorte de más de cinco millones de pesos a dicho programa.

En marzo del año pasado, señalábamos el enorme paso atrás en materia de derechos ciudadanos que significó el anuncio del ministro Daniel Passerini en nuestra Legislatura, respecto de la derogación del decreto número 435/2011, denominado “Ayuda para protección de la Maternidad”, mediante el cual se desechó de un plumazo el cuarto mes de licencia por maternidad para las mujeres trabajadoras del sector privado y el único mes de licencia para empleadas domésticas.

No menos cuestionable resultan los datos de violencia familiar y la falta de estadísticas oficiales en el tema. En 2011, conforme el Mapa Provincial de Denuncias de Violencia Familiar que elabora el Poder Judicial de la Provincia, se admitieron 24.119 denuncias.

El promedio general de la provincia es de ocho denuncias cada mil habitantes. Sin embargo, el Programa de Prevención, Detección Temprana y Erradicación de la Violencia Familiar solo ejecutó al tercer trimestre de 2012 el 2,07 por ciento de su presupuesto asignado.

Por último, los datos de la subejecución de partidas de la tan mentada Secretaría de Prevención de Trata, que a septiembre de 2012 sólo ejecutó 241.218 pesos de los 3.506.000 pesos que tenía asignados en el presupuesto. Es decir, un exiguo 6,88 por ciento. Además, su funcionaria a cargo cerró el año con graves cuestionamientos por mal trato a las víctimas de trata por parte de Susana Trimarco, abanderada en la lucha contra este flagelo.

Con datos y realidades, es necesario desenmascarar a quienes sólo buscan el rédito inmediato de propuestas efectistas (y al ritmo de cuarteto), a las que ya nos tiene acostumbrados el gobernador, dejando nuestros derechos a merced de la voluntad política de los funcionarios de turno o de sus caprichos electorales.