Nueva plataforma continental y su proyección en las Islas
La decisión del grupo de expertos de Naciones Unidas representa un importante apoyo diplomático sobre las continuas reivindicaciones de Argentina en su derecho soberano sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.
C uando el 28 de marzo pasado la Cancillería argentina anunciaba que el país sumaba cerca de 1,7 millones de kilómetros cuadrados a su territorio, fruto de la ampliación del límite exterior de su plataforma continental submarina, las primeras reacciones fueron conocer cómo esto incidía en la cuestión de Malvinas. El 11 de marzo, un órgano técnico de Naciones Unidas, denominado Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Comvemar), de 1982, aprobó por unanimidad la pretensión que había solicitado la Argentina en abril de 2009, cuando presentó al órgano internacional sus estudios científicos sobre la medición del límite exterior de su plataforma continental. Desde 1997, cuando se creó por parte del Poder Ejecutivo Nacional la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), un grupo de científicos y de especialistas nacionales se embarcó en la tarea de definir claramente cuál era la extensión y el límite exterior de nuestra plataforma continental.Este dictamen de Naciones Unidas implica extender la plataforma continental argentina de 200 millas marinas a un máximo de 350 millas marinas, desde las líneas de base territorial, o hasta las 100 millas marinas contadas desde la isóbata de los 2.500 metros, con lo cual se amplía un 35 por ciento el territorio nacional. Esta medida implica que el país suma nuevos derechos exclusivos y excluyentes en la explotación de los recursos naturales que puedan extraerse, en el futuro, del lecho y de los fondos marinos. Este tema ya ha tenido repercusiones internacionales, cuando en forma unilateral e ilegítima el gobierno de las Islas Malvinas, bajo autoridad del Reino Unido, autorizó la exploración y posible explotación de hidrocarburos en nuestra plataforma continental.La inmediata reacción del gobierno de nuestro país implicó la advertencia, a las posibles empresas que quisieran efectuar tales tareas, de ser sancionadas por actividades violatorias de la soberanía nacional. A ello deben sumarse las consecutivas posturas de organismos regionales como el Mercosur, la Unasur y Celac, que apoyaron los derechos soberanos de Argentina en su espacio marino y de su plataforma continental subyacente. La decisión del grupo de expertos de Naciones Unidas representa un importante apoyo diplomático sobre las continuas reivindicaciones de Argentina en su derecho soberano sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur y sus espacios marinos circundantes, hoy bajo dominación del Reino Unido. Los reclamos argentinos exigen dar cumplimiento a la actual cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que consagra el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichos territorios y espacios marítimos, de conformidad con los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes de Malvinas.Desde que se aprobó la Comvemar, es la primera vez que los estados pueden presentar aportes científicos claros sobre la extensión de sus territorios más allá de sus costas. En parte, porque recién hace unos 15 años se cuenta con la tecnología necesaria para tales mediciones de profundidad marina. Y los resultados confirman lo que desde hace décadas se sostenía: las Islas del Atlántico Sur forman parte de la plataforma continental de Argentina, con una conexión geológica indiscutible.Esto representa una prueba de relevancia contra el Reino Unido que, desde la misma fecha de presentación del informe por parte de Argentina ante Naciones Unidas, se opuso a sus alcances. La nueva prueba científica que Argentina suma a sus reclamos históricos y jurídicos de soberanía debería incidir para que las autoridades del Reino Unido inicien un proceso de negociación sobre la controversia con nuestro país, que es requerida por Naciones Unidas y por otros foros internacionales.Sin embargo, hasta la fecha, tales posturas se han tornado fútiles, por los intereses estratégicos que el Reino Unido tiene sobre Malvinas e islas circundantes, por su proyección en el Continente Antártico y el posicionamiento de las islas en el sur del Atlántico.
*Profesor de Derecho Internacional Público (UCC)

