Nafta al fuego
Mientras José Manuel de la Sota y el cristinismo que manda en la Argentina están atrapados en una pelea sin cuartel, una duda recurrente inquieta a muchos cordobeses: ¿cuál será el efecto final sobre la provincia del sueño presidencial del gobernador?. Julio Perotti.
Escenas de capítulos anteriores: el candidato gana las elecciones, pasa a ser gobernador y proclama el surgimiento del “cordobesismo”, como expresión de fortaleza interna frente a los avances del poder central.
Pero baja por un tiempo las banderas, a la espera de un acuerdo por una deuda de su antecesor. No recibe señales. Entonces, marcha a la Corte Suprema en busca de un milagro. Las relaciones se tensan cada vez más.
El gobernador apela a una tasa que pega sobre el precio de los combustibles, para asegurar un colchón que le permita hacer algunas obras públicas. Además, anuncia que el esquema impositivo sufrirá cambios.
Mientras tanto reitera, como una letanía, que quiere diálogo para arreglar las cuentas. Se lo dice en la cara a una ministra del poder central, que se levanta de un acto que compartían y pega el portazo.
Para colmo, le menciona una frase tabú: Impuesto a las Ganancias. Queda en línea con los sindicalistas que lo consideran un gravamen al trabajo.
Los colegas de la ministra rubia se solidarizan con ella y dan rienda suelta a su hobby compartido, Twitter, para atacar al gobernador.
El capítulo del día. Mientras el país aparecía jaqueado por un fallo adverso de un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, que obligaba a pagar el 100 por ciento de la deuda a los fondos buitre –una medida luego revertida por una cámara de apelaciones–, el poder central advirtió que la tasa vial que había lanzado el gobernador José Manuel de la Sota podía tener un efecto contagio.
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, la miró con buenos ojos. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ahogado en sus finanzas, pensó lo mismo; fue y vino, pero al final volvió sobre sus pasos.
Para no ofender la sensibilidad de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, llegó a explicar el miércoles: “No estamos dando marcha atrás, porque nunca se fue para adelante con este tema (…), existen algunas inhibiciones legales”.
Despejada la amenaza de Buenos Aires y de otros distritos, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, puso en la mira a De la Sota, aunque dos meses después: “En vez de hacer los esfuerzos y cobrarles a los que más tienen (la tasa sobre los combustibles, que rige desde el 7 de septiembre), se le cobra lo mismo al que tiene una motito y al que tiene un Mercedes Benz último modelo”.
A esta altura, no sólo no hay ninguna chance de que la Nación pague los más de mil millones de pesos que dejó de enviar a la Provincia, sino que la situación ha llegado al extremo de la presentación de Lorenzino ante la Corte Suprema (donde a final de julio se vieron las caras los responsables de la Nación y la Provincia para dirimir aquella deuda), a fin de que el tribunal ordene dejar sin efecto la tasa vial.
No será el único expediente que los siete miembros de la Corte tendrán a la vista: De la Sota decidió romper lanzas, al presentar su propio escrito para que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de coparticipación que va a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), como anticipó en exclusiva este diario en su edición del jueves pasado.
El razonamiento tiene lógica: si la Anses no cubre el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, como está comprometido, tampoco tendría que quedarse con el 15 por ciento.
Sin embargo, no es fácil que la Corte dé la razón a Córdoba: ese 15 por ciento forma parte de un pacto fiscal que firmaron todas las provincias; en consecuencia, el desenganche requiere de un proceso más complejo en el que, incluso, debería intervenir el Congreso de la Nación.
Así de vidriosa es también la discusión sobre la tasa vial: para Lorenzino, resulta un impuesto encubierto; para De la Sota y sus funcionarios, es una tasa, porque la Provincia la retribuirá con un servicio (la mejora de las rutas).
“Hace tres meses que está la tasa vial y es legal, está ajustada a derecho en Córdoba”, afirmaron a coro el jefe de Gabinete de la Provincia, Oscar González, y el ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore.
Los validó De la Sota: “No soy tonto; si impulsamos la tasa es porque tomamos todos los recaudos legales”.
“¿Usted cree que nos hubiésemos tirado a la pileta sin revisar antes fallos de la Corte Suprema? Los tenemos uno por uno y vienen desde hace varios años”, aseguró otro funcionario que está al tanto de la discusión interna.
Por cierto, si la Corte le “bajase” la tasa vial, la Provincia quedaría embretada en dificultades presupuestarias, porque está derivando fondos para el pago a jubilados y pensionados. Serían más de 500 millones de pesos menos.
Pero también hay, sin duda, un trasfondo de claro contenido político: Lorenzino sale al ruedo justo el día después de que De la Sota, puesto en precandidato presidencial, cuestionara ante empresarios en Brasil la actitud del gobierno kirchnerista ante el Mercosur.
Fuentes de la Casa Rosada dijeron que hubo un párrafo en particular que detonó la ira: “Hay que poner reglas claras en el funcionamiento del Mercosur. Seguramente ustedes se estarán diciendo: hagamos lo que hagamos, los argentinos no van a cumplir. Tienen derecho a pensar eso. Pero vengo a decirles que no siempre será así. Hay otra dirigencia argentina que piensa distinto y que ve al Mercosur como la única herramienta de crecimiento y desarrollo para el futuro. Piensa en terminar con la pobreza, lograr el desarrollo y la justicia social”.
Escenas del próximo capítulo. Los papeles irán llegando a la Corte en los próximos días. Habrá, con seguridad, audiencias para que las partes depongan sus posiciones, a esta altura irreductibles. Los tiempos serán los de la Justicia.
Mientras tanto, una duda recurrente inquieta a muchos cordobeses: ¿cuál será el efecto final sobre la provincia del sueño presidencial del gobernador?
Los cordobeses , claro, no sólo están pagando los combustibles más caros.
Los de la tercera edad cobran los aumentos de haberes con seis meses de dilación.
Los gremios con seguridad se mantendrán en alerta, porque a los reclamos por las jubilaciones sumarán, el año próximo, la tradicional puja por los aumentos salariales.
Todos los cordobeses ya saben que los impuestos vendrán más caros en 2013.
Y que Epec , en algún momento, deberá subir sus tarifas.
Todo al mismo precio: no habrá obras públicas nacionales, salvo aquellas que el kirchnerismo acerque a los intendentes para tratar de sacárselos de la sombrilla delasotista, ni fomento a la actividad turística de Córdoba porque la Nación cierra los grifos.
Un cóctel que puede poner a prueba la paciencia los cordobeses. Ojalá no sea más nafta al fuego.

