Muchas iniciativas, pocos resultados

A propósito de las últimas elecciones provinciales, el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba tuvo la iniciativa de promover la agenda del nuevo gobernador de Córdoba. Esta se basa sobre un diagnóstico de prioridades formulado por una veintena de instituciones educativas, sociales, empresariales, comunicacionales y políticas.Entre los temas prioritarios para la agenda pública, se destaca la creciente preocupación por la exclusión de los jóvenes del sistema educativo y laboral; es decir, de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan.Si bien la problemática de la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo ha ocupado a expertos, organismos internacionales y gobiernos abocados al diseño de diversos programas y que destinaron importante cantidad de recursos, las respuestas brindadas desde las políticas públicas siguen sin encontrar soluciones satisfactorias. Situación provincial. Del diagnóstico presentado por las organizaciones, surge que en el Gran Córdoba hay 52.493 jóvenes de 19 a 24 años que tienen dificultades de inserción laboral: subocupados, desocupados, inactivos con estudios atrasados y personas que no trabajan ni estudian, lo que representa un 32 por ciento sobre el total de 163.938 personas de esa edad en el conglomerado cordobés. A nivel provincial, se observa una desocupación del 20,9 por ciento en este grupo etario, más del doble de la desocupación que tiene la provincia en su conjunto (8,4 por ciento). Los niveles de informalidad laboral también son muy elevados. Según datos del año 2010, uno de cada cinco jóvenes cordobeses no estudian ni trabajan. Los jóvenes son los que mayores problemas tienen para encontrar empleo, tal como lo muestra la tasa de desempleo de la provincia.Una cuestión importante a tener en cuenta es que, a medida que pasa el tiempo, la situación no mejora. En relación con el total de la población juvenil, la proporción de desocupados e inactivos que no estudian en el Gran Córdoba no ha disminuido; de hecho, en 2010, esta proporción es mayor que la del promedio de los años anteriores.Durante estos últimos 12 años de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, muchos han sido los planes y programas dirigidos a esta franja etaria con el objetivo de transformar y suplir dicha realidad.En cualquiera de estos casos, las (pocas) evaluaciones de impacto disponibles no muestran resultados relevantes y la situación de las y los jóvenes sigue siendo sumamente precaria. Algunas respuestas no han logrado resultado alguno, pese a una importante inversión de recursos puesta en juego.Uno de los principales obstáculos han sido las estrategias de asignación de los empleos disponibles, centradas muchas veces en mecanismos "particularistas" (familiares, amigos, etcétera) o clientelares y no en mecanismos "universales" a través de servicios de empleo abiertos de manera equitativa a todos y todas.Este conjunto de iniciativas no se ha desarrollado en el marco de una reforma amplia ni tampoco se han integrado con otras políticas que permitieran generar las correspondientes sinergias, con lo cual los impactos y efectos logrados han sido muy limitados.El enfoque con que se han planteado estos programas parte de una posición reduccionista de la problemática; se toma a los jóvenes como meros "beneficiarios/as" de programas de corto o mediano plazo, lo que significa un "beneficio económico" que, a través de becas, precariza aun más la situación. Búsqueda de alternativas. Lo expresado anteriormente justifica buscar alternativas y trazar propuestas más pertinentes a través de un plan de acción provincial, que defina como su principal desafío el reconocimiento de que los jóvenes deben ejercer una función protagónica en la definición y construcción de las políticas. Cualquier política para juventud debe ser de, para y con los jóvenes. En Córdoba contamos con vastas organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil que trabajan colectivamente desde hace muchos años en pos de incidir en las agendas públicas. Estos actores deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar renovados planteos. Ello implica asumir que los jóvenes no son un grupo de riesgo, sino que son ante todo sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. En términos de metas y objetivos, la política pública de juventud se ubica en el horizonte temporal de las Metas del Milenio y aspira a erradicar el analfabetismo entre las y los jóvenes; ampliar en forma  sustancial la matrícula de la educación secundaria; disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja; mejorar la empleabilidad juvenil; consolidar una oferta atractiva en el campo de la cultura, la recreación y el deporte; disminuir las tasas de embarazo precoz en la adolescencia; fomentar estilos saludables de vida; prevenir la violencia relacionada con jóvenes y aumentar sustancialmente su participación en los consejos de desarrollo y otros espacios de participación ciudadana. Apostar a las y los jóvenes será, en definitiva, apostar al propio desarrollo humano de nuestra provincia. Sería imperdonable no comprometernos con estrategias pertinentes y sostenibles al respecto.

* Licenciada en Psicología, legisladora provincial por la UCR