Macri hace un curso acelerado de política

Durante los últimos 45 días, la política argentina pareció estar inmersa en un pequeño pero complicado laberinto que no ofrecía salidas claras a quienes lo transitaban. El proyecto de la ley antidespidos encorsetó por igual a todos los protagonistas, sin permitirles levantar la vista y observar que la sociedad contemplaba cada vez con más indiferencia los movimientos de cada uno. Fue el Gobierno nacional el que, gracias a su preocupación por las encuestas, advirtió que el tema debía tener un rápido final, porque de lo contrario lo llevaba a un desgaste innecesario. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el jueves por la madrugada, y al día siguiente fue vetada por el presidente Mauricio Macri. Ese final fue posible por la destreza negociadora del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y por la experiencia parlamentaria del jefe del bloque Cambiemos, el radical Mario Negri, junto con el titular de la Cámara, el peronista del PRO Emilio Monzó. Ellos, y pocos más, diseñaron una jugada política que neutralizó la intención del kirchnerismo de propinarle una derrota al Gobierno macrista, y la de Sergio Massa de convertirse en el definidor del conflicto y así consolidar sus aspiraciones electorales para el año próximo. Los diputados de Cambiemos y algunos aliados, en lugar de rechazar el proyecto del Frente para la Victoria, se abstuvieron y así posibilitaron que no prosperara la iniciativa del Frente Renovador de Massa. De manera objetiva, le dieron el triunfo en la votación al kirchnerismo, sabiendo que luego la ley sería vetada. ¿Ganó el Gobierno con esto? Eso todavía está por verse, pero si las encuestas que lee el Presidente no están equivocadas, el famoso costo político del que se hablaba si Macri utilizaba el veto será en realidad pequeño y sin demasiadas repercusiones sociales. Todo indica que ese costo, más que político, fue y será económico. La chequera Apaciguar a los gremios más poderosos que dieron origen al conflicto por los despidos le costó al Gobierno apresurar la suba del salario mínimo un 33 por ciento, aumentar el seguro de desempleo, asumir el compromiso de reintegrar en los próximos días 2.750 millones de pesos que pertenecen a las obras sociales y también la promesa de devolver la participación sindical en los directorios de la Anses y el Pami. En un despacho de la Casa Rosada, reconocen con una sonrisa que todo ese paquete contiene también una pelota. Es la decisión oficial de no intervenir la Asociación del Fútbol Argentino, con lo que Hugo Moyano podría llegar a presidirla. Eso siempre y cuando logre un acuerdo con quienes proponen una superliga profesional.Como se ve, la sedosidad que ahora muestra la mayor parte del sindicalismo no le salió gratis al Gobierno. Tampoco concretar el arreglo con los gobernadores, que deberá hacerse efectivo con la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal, algo que se había prometido, pero la plata no llegaba. La protesta que ganará las calles tendrá, entonces, los protagonistas de siempre: la izquierda y un kirchnerismo cada vez más alejado de la estructura peronista que comandan los jefes territoriales.El golpe más fuerte contra la realidad fue el que sufrió Massa. Los memoriosos recordarán cuando el año pasado el Frente Renovador sufría una fuga de dirigentes y hasta se puso en duda la candidatura presidencial de su líder. Massa dijo que su propuesta de transitar la "avenida del medio" entre el kirchnerismo y el macrismo se relativizaba porque la sociedad estaba "más polarizada de lo que se pensaba". Eso ocurrió entre junio y julio de 2015. Aún soñaba ganar las elecciones, pero fue tercero. Ahora los hechos demostraron que sigue en ese lugar. Más tranquilos El veto presidencial a la ley antidespidos significó también un alivio para el presidente del bloque PJ-FPV del Senado, Miguel Pichetto. Es paradójico, porque fue el voto unánime de su bancada el que dio origen al trámite parlamentario del proyecto. Pero si había alguna modificación en Diputados y volvía a la Cámara Alta, Pichetto no estaba en condiciones de garantizar que sus legisladores repetirían aquella posición. Es que el acuerdo de los gobernadores con el Gobierno incluye el apoyo en el Senado de aquellas iniciativas que Macri considera básicas para su plan de gobierno.Es por eso que tanto en el Congreso como en la Casa Rosada se dé casi por seguro que a mediados de junio serán aprobados los pliegos de los dos postulantes a completar el número de cinco miembros en la Corte Suprema de Justicia. Son Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti, ambos propuestos por el Presidente. Para que eso ocurra, el oficialismo necesita que entre 20 y 25 senadores de los comandados por Pichetto voten a favor, un número menor que los que se sumaron a la aprobación del pago a los fondos buitre.La Corte, entonces, volverá a los primeros planos informativos, luego de la reiterada embestida que viene impulsando Elisa Carrió contra el titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que esas actitudes de Carrió no reflejan la opinión del Gobierno. Pero dicen que a la Corte le cuesta entender que alguien que se reúne tres veces por semana con Macri –y es parte fundamental de Cambiemos– tenga posiciones tan agresivas que provocan ruido en la convivencia entre los dos poderes. Faltarían, a la vez, pocos días para que Lorenzetti inicie una demanda civil contra Carrió. ¿Habrá mediación de Macri?