Las presiones del poder sindical

El nombre del líder de la CGT, Hugo Moyano, sigue encabezando las más fulgurantes marquesinas de la política nacional. Su advertencia –"no vamos a retroceder ni un centímetro", lanzada el miércoles pasado– resume un claro mensaje disparado hacia tres direcciones: la Presidenta, la Justicia y los medios de comunicación. Es evidente que el poder sindical está en operaciones y decidido a conseguir lo que busca. Por las buenas o también por las malas. Frente al gobierno de Cristina Fernández, las presiones apuntan a no perder espacios de influencia y, a la vez, incrementarlos con la incorporación de candidatos provenientes del gremialismo en las listas electorales. Ésta, junto con la sorda lucha ideológica con el kirchnerismo no peronista que rodea a la Presidenta, no son, sin embargo, las únicas disputas. Te doy, me das. Moyano le hizo la concesión al Gobierno de marcar la pauta del 24 por ciento de incremento salarial para el año y recibió en devolución el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, largamente reclamado por la CGT. También comenzará a regularizarse la deuda de nueve mil millones de pesos que tiene el Fondo Solidario de Redistribución con las obras sociales. Ese intercambio de gentilezas y aparente cordialidad, que llevó en dos oportunidades al jefe cegetista a visitar la Casa Rosada, disimula lo que no se dice ni se negocia en público: el sindicalismo quiere parar o torcer el avance de las causas judiciales que involucran a sus dirigentes. Moyano sabe que en el episodio del exhorto de la Justicia de Suiza por supuesto lavado de dinero estuvo comprometida una mano oficial. Más de un mes antes de la llegada de ese pedido judicial, la Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, participó de una reunión internacional sobre lavado. Allí, Suiza anticipó que estaba siguiendo el caso de la empresa Covelia y la vinculación con la familia Moyano. La UIF le dio luz verde para que solicitara información. La operación estaba en marcha.Cuando el exhorto llegó a Buenos Aires, estuvo en la Cancillería unos 10 días, antes de ser enviado a la Justicia. En ese tiempo, el Gobierno evaluó la conveniencia o no de comprometer a Moyano. Al llegar a Tribunales, la Cámara Federal que realizó el sorteo que dio como destinatario del caso al juez Norberto Oyarbide pidió al Centro de Información Judicial (CIJ) que difundiera la noticia. La Cámara temía que Oyarbide cajoneara el pedido. Lo que viene. Luego de la reacción de Moyano, que amenazó primero y desistió después de un paro general, se tendieron puentes de reconciliación con el Gobierno. Esos puentes desembocaron en los últimos acuerdos. Lo que no dice en público ninguna de las partes, tal vez lo veamos en los próximos días. Fuentes sindicales confían en que la Justicia, sin perjuicio de que las causas continúen, ponga en libertad a José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, y a José Zanola, de la Asociación Bancaria. El primero está involucrado en el caso de la muerte de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. El segundo está preso por la causa de los medicamentos truchos. Si son liberados, habrá una descompresión de las tensiones que cruzan al Gobierno con el sindicalismo. Hay algo que entre las entidades gremiales está por demás claro. Se lo puede discutir a Moyano por el crecimiento de su poder, por las presiones políticas que ejerce en beneficio de su gremio y hasta por el manejo de las negociaciones salariales, como lo han hecho otros sindicatos en los últimos días, pero en las investigaciones judiciales con riesgo de pérdida de la libertad actúa unido corporativamente. Como es sabido, el caso de la llamada "mafia de los medicamentos" tiene bajo sospecha a muchos dirigentes, entre los cuales está Hugo Moyano. El jefe de la CGT quiere desactivar cuanto antes ese riesgo y presiona al Gobierno para que lo ayude. A cambio, preservará la alianza estratégica que lo une, ofrendándole a Cristina Fernández una imponente demostración callejera de poder el próximo 29 de abril. El círculo de las presiones ejercidas por Moyano sobre el Gobierno y la Justicia se cierra con la amenaza a los medios periodísticos que investigan y difunden información sobre casos de corrupción sindical. Los prometidos bloqueos comenzaron a ejecutarse el domingo pasado contra los diarios Clarín , Olé y La Nación , lo que marcó un límite en la convivencia democrática y compromete la imagen internacional del país. Una pregunta ronda por estos días en la cima del poder político: ¿hasta cuándo podrá la Presidenta administrar las tensiones generadas entre sus principales apoyos? Mientras esperan que Cristina defina su candidatura a la reelección, el kirchnerismo no peronista, el peronismo político y el sindicalismo acumulan rencores y desconfianzas. Ése no ha sido nunca un buen ingrediente para gobernar con serenidad y equilibrio.