La vigencia de las viejas prácticas

Pocos dudan de que las decisiones que toma el juez federal Norberto Oyarbide están muy próximas al oportunismo y a la conveniencia política del Gobierno nacional.

Por eso, quienes representan el pensamiento oficial en el Consejo de la Magistratura, organismo que evalúa la actuación de los jueces, se han convertido en sus protectores, en los ángeles que le cuidan las espaldas y rechazan cualquier pedido para apartarlo de las causas llamadas estratégicas para el kirchnerismo. Entre otras, las relacionadas con la corrupción o el enriquecimiento del matrimonio presidencial.

Pero también es cierto que Oyarbide es un juez de la Nación y, mientras siga ejerciendo su cargo, tiene plenas facultades para resolver expedientes y convertirlos en instrumentos válidos para la lucha de poder, allí donde se judicializa la política y se politiza la Justicia.

El procesamiento que la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires dictó el jueves contra Mauricio Macri por la causa de las escuchas telefónicas tiene fundamentos suficientes como para que el jefe de Gobierno de la Capital, si no renuncia, al menos tome licencia hasta que la Justicia diga, finalmente, si es culpable o inocente.

Mañana Macri hará su anuncio. En el propio macrismo admiten que un procesado no debería seguir gobernando. Pero insisten, también con argumentos fuertes, en que este disgusto es consecuencia de una paciente construcción de Oyarbide como brazo judicial del kirchnerismo.

La medida fue celebrada con inocultable satisfacción en la Casa Rosada y hasta con champán en la residencia de Olivos, donde un eufórico Néstor Kirchner compartió por teléfono la novedad con el avión presidencial que estaba a punto de regresar de China. Una reacción lógica de quien diseña los futuros escenarios políticos ajustándolos a la medida de sus intereses.

Es que Macri representa el voto mayoritario en la Capital Federal, territorio que con Córdoba y Santa Fe -tres de los cuatro distritos electorales más importantes del país- conforma un bloque fuertemente adverso al kirchnerismo. Además, es un directo competidor como candidato a presidente para el año próximo.

Solá también festeja. Pero no sólo en el campamento oficial hubo sonrisas por el "infortunio" de Macri. Otro que lo disfruta sin exteriorizarlo demasiado es Felipe Solá.

El ex gobernador bonaerense adhiere al peronismo disidente pero no está dispuesto a resignar sus aspiraciones personales en función de un espacio cuyos principales protagonistas representan el pasado. "De las situaciones críticas se sale para adelante, no para atrás", se le oye decir a Solá cuando se habla de la intención del ex presidente Eduardo Duhalde de ser nuevamente candidato.

La idea de un acercamiento de Macri al peronismo disidente, que ronda por la cabeza de Duhalde, nunca fue compartida por Solá. Él se siente no sólo con derecho a una candidatura por ser peronista, chapa que Macri obviamente no puede tener, sino por representar a los que vienen de atrás.

Lo cierto es que la figura de Macri, de manera justa o injusta, entró en un eclipse.

La complicación judicial del jefe de Gobierno de la Capital no fue el único hecho político destacado en la semana.

La aprobación por el Senado del matrimonio homosexual dejó una polémica ley que, por afectar cuestiones sensibles a las creencias religiosas, dividió y seguirá dividiendo a la sociedad por largo tiempo. Pero abrió también la saludable posibilidad de un cambio en la cultura política.

Por ahora, es apenas una pequeña luz que emerge del choque entre las viejas prácticas de manipulación de votos y conciencias, que el kirchnerismo domina a la perfección, como quedó demostrado, y la actitud rebelde de legisladores propios que decidieron ponerle un límite. Siete senadores resistieron la presión que ejerció personalmente Néstor Kirchner desde Olivos y ya no todos los brazos estuvieron enyesados a la hora de votar.

Grietas en el bloque K. A la forzada disciplina del bloque oficialista se le abrieron grietas y eso augura, quizá, un funcionamiento interno más democrático, como muchos legisladores dicen en los pasillos que desean.

La clave para saber si se insinúa o no un cambio en ese sentido será el debate por el proyecto de ajustar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento móvil, que ya fue aprobado en Diputados. La históricamente postergada situación de los ancianos también puede convertirse, para muchos, en una cuestión de conciencia. Y como el Gobierno ya anunció que vetará esa ley por considerarla de imposible aplicación, será a la vez una oportunidad para los senadores oficialistas de trasladar el alto costo político de la negativa al Gobierno. Una por tantas.